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Última modificación: 2006-08-01
La prohibición constitucional de hacer proselitismo político no puede ser extendida a todos los servidores públicos

En demanda contra los numerales 16 y 17 del artículo 6º del Decreto 1647 de 1991, que prohíben a los funcionarios de la tributación, desarrollar actividades partidarias como aceptar la designación a formar parte de directorios y comités de partidos políticos e intervenir en la organización de manifestaciones o reuniones públicas de los partidos; pronunciar discursos o conferencias de carácter partidario y comentar en medios de información, temas de la misma naturaleza; consideró el actor que la Constitución permite la participación en actividades políticas a los empleados del Estado o de sus entidades descentralizadas como regla general. Para la Corte en la Constitución existe una prohibición de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas para los servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas, pero no es general, sino que únicamente cobija a quienes encajen dentro de las hipótesis planteadas en la norma.

La regla general consiste en permitir tales actividades a los servidores públicos, con las siguientes excepciones: i) aquellos que ejercen jurisdicción, autoridad civil o política o cargos de dirección administrativa, es decir, aquellos que adoptan decisiones; ii) quienes integran la rama judicial, o los órganos electoral o de control, donde no interesa el nivel del cargo que se desempeñe sino el papel que se juega dentro de la organización del Estado, el cuerpo al que se pertenece, como garantía de plena imparcialidad e independencia del empleado. En todo caso, no resultó afectado el ejercicio del derecho al sufragio, y corresponde a la ley la definición de las condiciones en que los empleados no comprendidos en la prohibición pueden participar en política, esto es el modo, tiempo y lugar en que resulta posible hacerlo, sin que pueda extender la prohibición más allá de la previsión constitucional.

Así, es posible la sanción no de la participación en actividades y controversias políticas, sino el uso del empleo como medio para favorecer una determinada campaña, para hacer proselitismo o para desempeñar en cualquier sentido la actividad política; del empleado que dispone del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar ese tipo de intereses; usa con los mismos fines información reservada de los archivos de la entidad pública; y ejerce sus competencias de modo tal que inclina la balanza del aparato estatal a favor de un determinado movimiento político. Por lo anterior la norma acusada se consideró inconstitucional en cuanto cobija a todos los empleados de la tributación sin distinguir entre ellos, como sí lo hace la Constitución, de tal forma que los empleados de la tributación que no ejerzan cargos de dirección administrativa, pueden participar en actividades políticas. Se declaró exequible la norma pero solamente respecto de los empleados cobijados por la prohibición constitucional. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-454-93

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