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Última modificación: 2006-08-01
Legitimación para ejercer la acción de inconstitucionalidad

· Acreditación de la calidad de ciudadano en ejercicio como requisito para la presentación de acción de inconstitucionalidad

Al pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad, la Corte encontró que no se hizo la diligencia de presentación personal de la demanda, por lo que decidió declararse inhibida, ya que la calidad de ciudadano en ejercicio constituye un requisito sustancial para convertirse en sujeto activo de la acción pública de inconstitucionalidad que se acredita directamente ante la Secretaría de la Corte Constitucional o, en su defecto, si el ciudadano reside en lugar distinto al de la sede del Tribunal, ante cualquier juez o notario del país, de acuerdo con el art. 84 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el num. 36 del art. 1° del Decreto 2282/89. nota 1

· La facultad de recusar a un magistrado en juicios de constitucionalidad se predica de cualquier interviniente

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 28 (parcial) del Decreto 2067 de 1991. La demandante considera que la norma parcialmente demandada vulnera los artículos 1, 13, 40 y 242 de la Constitución Política y por tal debe ser declarada inexequible. Afirma en relación al preámbulo Constitucional, que al establecer el Art. 28 del decreto mencionado que sólo el accionante y el Procurador General de la Nación pueden ejercer el incidente de recusación desconoce el ánimo democrático y participativo que inspira la Carta Política desde su preámbulo. Fue intención del Constituyente que los ciudadanos Colombianos tomaran parte en la transformación del Estado que se produjo con la Constitución de 1991.

La Corte encontró que de la norma acusada se desprendían dos interpretaciones: una primera inconstitucional, según la cual, la facultad de recusar a los Magistrados de la Corte Constitucional radica de manera exclusiva y excluyente en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante. Una segunda constitucional, en el entendido de que la facultad mencionada en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante no es exclusiva ni excluyente, sino que cuando la norma acusada utiliza el verbo ?podrá? debe entenderse que tanto el Procurador General como el demandante pueden solicitar la recusación de un Magistrado, pero igualmente lo pueden hacer aquellas personas que ostenten la calidad de ciudadano.

En consecuencia, cualquier ciudadano puede en ejercicio de su derecho político, en defensa de la Constitución ( Art. 40 numeral 6° ), solicitarle a la administración de justicia que haga valer el orden constitucional, es decir que asegure la imparcialidad de un juez constitucional, finalidad objetiva y no particular de la institución de la recusación .

La Corte consideró que aquel ciudadano en ejercicio que no ha demandado, no ha intervenido o no ha coadyuvado una demanda de constitucionalidad, no ha cumplido con la carga procesal de concretizar su interés en defensa de la Constitución. Por ende, este ciudadano se ha excluido él mismo de participar en dicho proceso constitucional. Dicha exclusión deviene de la voluntad del ciudadano de no actuar como demandante (varias personas pueden demandar una misma norma) o de no intervenir dentro del mencionado proceso; el ordenamiento jurídico no lo excluye de intervenir.

Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión ?o por el Procurador General de la Nación o por el demandante? contenida en el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, siempre que se entendiera que la facultad mencionada en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante no era exclusiva ni excluyente, sino que cuando la norma utilizaba el verbo ?podrá? debía entenderse que tanto el Procurador General como el demandante podían solicitar la recusación de un Magistrado, pero igualmente lo podían hacer aquellas personas que ostentaran la calidad de ciudadano. Así, el demandante desde el momento de presentación de la demanda y los demás ciudadanos que impugnaran o defendieran las normas acusadas desde el momento en que hubieran intervenido dentro del término de fijación en lista. nota 2

· Las personas que tienen suspendidos sus derechos políticos no pueden ejercer la acción pública de inconstitucionalidad

El demandante, quien purga condena de prisión, consideró que el art. 415 (parcial) del Decreto 2700/91 la Constitución, pues el Presidente de la República al expedir normas de procedimiento penal, establece excepciones al debido proceso y a la igualdad, al contemplar, para aquellos delitos de competencia de la justicia regional, únicamente tres situaciones bajo las cuales procede el beneficio de la libertad provisional. La Corte se inhibió para fallar en este caso pues consideró que la sola titularidad de los derechos políticos, por el hecho de ser nacional colombiano, no faculta al nacional para ejercerlos. Es necesaria la ciudadanía, que requiere de la concurrencia de los elementos de la nacionalidad y la edad. Es claro que en este caso, el actor, por sentencia judicial, tenía suspendidos sus derechos políticos, entre ellos el de ejercer acción pública de inconstitucionalidad; que no había obtenido rehabilitación; y que aún no podía pedirla por encontrarse todavía cumpliendo la pena impuesta. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-562-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-323-06
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-536-98

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