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Última modificación: 2006-08-01
Requisitos de la demanda de inconstitucionalidad

Se demandaron los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 2 del Decreto 2067/91 por considerar violado el artículo 40 de la Carta. El actor consideró que el ejecutivo estableció condiciones y requisitos especiales para interponer la acción pública de inconstitucionalidad, limitando tal derecho, ya que un ciudadano común y corriente no necesariamente tiene los elementos técnicos y los conocimientos para darles cumplimiento, cambiando el sentido de la acción pública, y convirtiéndola en una "acción imposible". La Corte consideró que el artículo 2° demandado, establece unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer más viable el derecho sin atentar en ningún momento contra su núcleo esencial, como son:

i) El señalamiento de las normas constitucionales infringidas, con el fin de racionalizar el ejercicio de los derechos, para lo cual no es necesario ser experto ya que el estudio de la Constitución es obligatorio, al tenor del artículo 41 de la Carta, por lo que resulta natural tal exigencia;

ii) Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, pues si un ciudadano demanda una norma debe ser por algo y ese "algo" debe ser expresado, no siendo razonable el ataque indeterminado, que se opone a la inteligencia que debe caracterizar al hombre;

iii) Si es el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; requisito eventual por ataques de forma, que permiten presumir el conocimiento del procedimiento, se pide simplemente que diga cuál es, exigencia igualmente razonable;

iv) La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda en "los estrictos y precisos términos" del artículo 241 superior pues la competencia de la Corte es taxativa; es razonable que se exija explicar porqué se recurre a la Corte. Por otro lado se aclaró que el procedimiento constitucional establece la inadmisión de las demandas incorrectamente presentadas, siendo obligación del magistrado sustanciador, señalar el trámite correcto y las enmiendas necesarias, antes de rechazarla, lo que permite la corrección, y que el proceso constitucional se desenvuelva con salvaguarda del derecho político, por lo que el artículo 2º se declaró exequible. nota 1

· Requisitos de los cargos por inconstitucionalidad

En demanda contra el art. 304 de la Ley 600 de 2000 el actor se limitó a señalar como violados los artículos 13, 21 y 29 de la Constitución. La Corte consideró que se presenta una formulación aparente del cargo y aunque el derecho de interponer acciones de inconstitucionalidad es público e informal se debe cumplir con unos requisitos para que pueda la Corte ejercer el control constitucional. De acuerdo con el art. 2° del decreto 2067 de 1991, las demandas deberán contener ?las razones por las cuales dichos textos se estiman violados?, requisito que debe ser cumplido materialmente o la demanda resulta inepta. Los cargos entonces deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes, suficientes y deben suscitar dudas sobre la constitucionalidad de la norma, imponiéndose al actor no solo la carga de señalar las normas violadas sino también el concepto de su violación. No pudo adoptarse una decisión de fondo, cuando el actor no formuló un cargo constitucional. nota 2

· Falta de requisitos de los cargos por inconstitucionalidad impide fallo de fondo por ineptitud de la demanda

En demanda contra el art. 51 de la Ley 617 de 2000, se afirmó que esta norma extiende por 12 meses las incompatibilidades impide al ex servidor público hacer su vida profesional y laboral, pues solamente puede ser profesor universitario, lo que impide el derecho fundamental a trabajo. De acuerdo con la Corte, la acción de inconstitucionalidad exige una serie de requisitos orientados a garantizar la preservación de su naturaleza, aunque se impone que la Corte no acuda a un criterio en extremo riguroso para determinar si la demanda cumple o no con las exigencias impuestas por la Constitución y la ley sino a un criterio amplio que sea consecuente con su naturaleza pública.

Esa fundada amplitud de criterio no puede llevar a la Corte a emitir pronunciamientos de fondo con base en demandas que no satisfacen unas mínimas exigencias, con mayor razón cuando se trata de demandas que no formulan cargo alguno contra las disposiciones demandadas. De emitir la Corte un pronunciamiento de fondo con base en una demanda que no contiene una razonable exposición de los motivos por los cuales se estima que las normas demandadas violan las disposiciones constitucionales, se le daría a la acción de inconstitucionalidad una vocación oficiosa que es contraria a su naturaleza. Por lo anterior, la Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda de la referencia. nota 3

· Cargos por inconstitucionalidad deben derivarse del contenido de la norma demandada

Se demandó el literal d., del art. 185 del Decreto Ley 1211 de 1990, donde se establece el orden de beneficiarios de la sustitución prestracional en caso de muerte de oficiales y suboficiales, activos o en retiro; de tal forma que si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres del Causante. Se afirma que esta norma establece una discriminación entre los padres de Oficiales y Suboficiales, con ocasión de prestaciones sociales por causa de muerte, ya que: a) para aquellos padres cuyos hijos fallecidos no dejaron hijos sobrevivientes se les otorga la sustitución pensional vitalicia; y b) aquellos padres cuyos hijos fallecidos si dejaron hijos sobrevivientes son excluidos como beneficiarios y no pueden reclamar la sustitución pensional, aún en caso de extinguirse el derecho de los hijos beneficiarios originales.

La Corte determinó que los cargos formulados por el demandante carecían de veracidad al recaer sobre una proposición jurídica inexistente; se critica la norma no por lo que dice, sino por lo que no dice. La hipótesis planteada, es decir, la imposibilidad de que extinguido el derecho de los hijos como beneficiarios de la sustitución pensional, esta les sea otorgada a los padres, no se deriva de la reglamentación de los órdenes de beneficiarios ni configura una omisión legislativa. La condición de identificar un contenido jurídico verificable es un aspecto que en la impugnación no se cumplió, lo que comportó ineptitud de la demanda por lo que la Corte debió inhibirse para fallar. nota 4

· Cargos por inconstitucionalidad deben plantear una controversia entre la norma demandada y un precepto constitucional

Se demandó el artículo 96 (parcial) de la Ley 142 de 1994, pues aseguró el actor que la reconexión de un servicio público se limita a una maniobra que no amerita cobro de cuantiosas sumas por las Empresas de Servicios Públicos (ESP), convirtiéndolas en entes que pueden imponer sanciones, sin estar facultados. Sobre la capitalización de intereses a favor de las ESP, la asimila al anatocismo, implicando la aplicación del sistema financiero a los servicios públicos. Tal sistema sería usado además desproporcionadamente sobre consumo, costos, sanciones y multas. Finalmente, sostiene que los servicios públicos pueden ser limitados, como el derecho de huelga de los trabajadores de las ESP.

Encontró a Corte que en la demanda no se exponía una contradicción entre la norma y la Constitución, aun cuando se citen varias normas constitucionales como vulneradas; se fundamentan los cargos en deducciones que solo involucran la ley que contiene la norma demandada. Entre los requisitos de la demanda se encontraba el planteamiento de una controversia entre la norma y la Constitución a partir de la cual se emitieron juicios de valor. La falta de este requisito, necesariamente, condujo a una decisión inhibitoria, en virtud de la ineptitud que presentó la demanda por adolecer de vicios sustantivos. nota 5

· Cargos por inconstitucionalidad deben exponerse de forma clara

Se presentó demanda contra la Ley 628 de 2000 de " Presupuesto y Apropiaciones del 2001", por la omisión del Legislador de incluir una partida presupuestaria lo que conllevaría a una vulneración de derechos constitucionales laborales. El actor señaló que existió una omisión de las partidas para pagar una prima de actualización a los pensionados de las Fuerzas Armadas. La Corte consideró que la demanda no era clara siendo este requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque el carácter popular de la acción releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre sus razones, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita sus acusaciones y justificaciones; estos aspectos la hicieron inepta no pudiendo ser estudiada. nota 6

· Cargos de inconstitucionalidad por omisión legislativa

Se demandó el parágrafo 2 del Art. 37 de la Ley 640 de 2001, por considerar quebrantados los artículos 29, 228, 229 y 230 de la Constitución pues se omitió ?regular o precisar? un término para que el juez o magistrado se pronuncie sobre la aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio lo que produce una incertidumbre jurídica, que se prolonga en el tiempo, y genera un nuevo factor de congestión judicial. Según la Corte, cuando se trata de cuestionar la exequibilidad de una norma por haberse incurrido en omisión legislativa, el demandante debe acusar el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión.

En el presente caso, era claro que dicho contenido es el adscrito al artículo 24 de la Ley 640 de 2001 y no al artículo 37, que fue el demandado, por cuanto es aquel el que crea la figura de la remisión del acuerdo y porque es esta la norma que establece que el funcionario judicial tiene la potestad de aprobarlo o de improbarlo. Esto obligó a la Corte a abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por haber incurrido la demanda en ineptitud sustantiva de sus cargos. nota 7

· Ineptitud de cargos derivados de problemas de interpretación

Se presentó acción de inconstitucionalidad contra el artículo 134 de la Ley 633 de 2000. La actora afirmó que la redacción de la norma derogatoria había generado ambigüedad en torno a la definición de la base gravable del impuesto de renta, lo cual violó el principio de legalidad de los impuestos contenido en el artículo 338 de la Constitución, en cuanto a la tipicidad de la base gravable del citado tributo y da paso a una situación de omisión legislativa. Para la Corte, la propia demandante estableció que lo que ocurrió es que se presentaba un problema de interpretación legal y no se derivó una ausencia de regulación sino que se hicieron posibles varias interpretaciones. No corresponde a la Corte Constitucional hacer una interpretación con autoridad de esas disposiciones lo que hace la demanda inepta por cuanto el cargo se desprende, no del contenido de la norma sino de problemas de interpretación. Establecida con certeza, por la autoridad competente, cual es la norma aplicable el régimen resultante no arrojó ambigüedad. nota 8



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-131-93
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-042-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-1052-01
  4. Corte Constitucional, Sentencia C-005-02
  5. Corte Constitucional, Sentencia C-008-02
  6. Corte Constitucional, Sentencia C-039-02
  7. Corte Constitucional, Sentencia C-041-02
  8. Corte Constitucional, Sentencia C-044-02

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