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LEGITIMACIóN

Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia de la acción de tutela

· Existencia de otros medios de defensa judicial y tutela transitoria

Los peticionarios, fueron elegidos contralores departamentales para un período, durante el cual entró a regir la Constitución de 1991 que atribuyó a las asambleas la facultad de elegir Contralor para periodo igual al del Gobernador. En los respectivos departamentos, las asambleas procedieron a elegir nuevos contralores, por lo que los actores consideraron vulnerados su derecho al trabajo y al debido proceso, al ser removidos sin causal alguna.

La Corte negó la tutela, teniendo en cuenta que esta se caracteriza por la subsidiariedad y la inmediatez, por las siguientes razones: i) solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser para evitar un perjuicio irremediable y en este caso no se cumplía ninguna de las dos circunstancias, ii) la tutela es un remedio de aplicación urgente en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza y no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni con el objeto de crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos; sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, de brindar protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales.

El perjuicio irremediable sólo puede ser invocado para solicitar al juez que conceda la tutela como mecanismo transitorio, caso en que el remedio que se aplica es apenas temporal, mientras resuelve de fondo quien goza de jurisdicción y competencia para hacerlo, y únicamente se justifica la intervención de un juez extraño por la amenaza inminente de un daño que, de no evitarse oportunamente, resultará irreversible. nota 1

· Idoneidad del medio de defensa judicial alternativo a la tutela

La actora, elegida por la Asamblea Departamental para el cargo de Contralor, interpuso acción de tutela contra el gobernador por negarse a darle posesión y a reconocerla en su cargo. Solicitó la protección del derecho-deber fundamental y específico de desempeñar sus funciones y al trabajo. La Corte concedió la tutela por considerar que únicamente son aceptables como medio de defensa judicial para buscar la eficacia del derecho fundamental, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho conculcado. Así surge la acción de tutela como única medida a disposición del titular, con el fin de llevar a la práctica la garantía que le ha conferido la Constitución, no siendo necesario examinar si el perjuicio sufrido es o no irremediable ya que según la Constitución, ese análisis se hace menester únicamente cuando existen vías alternativas de defensa judicial, idóneas lo que no aconteció en el presente caso. nota 2

· Eficacia del medio de defensa judicial alternativo a la tutela

El actor, en su condición de discapacitado, prestaba sus servicios a la Contraloría General de la República y fue declarado insubsistente. Había solicitado al Contralor General, que tuviera en cuenta su situación como padre cabeza de familia y estimó violados sus derechos constitucionales, en especial el de igualdad. La Corte concedió la tutela, teniendo en cuenta que la existencia del medio judicial alternativo debe apreciarse en relación con el derecho fundamental de que se trata, no respecto de otros. Así un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado. Si dicho medio protege derechos distintos, es viable la acción de tutela en lo que concierne al derecho que el señalado medio no protege. No es la tutela, en situaciones como la descrita, un instrumento que de modo específico garantice la estabilidad laboral, sino un medio judicial adecuado para reivindicar la igualdad real y efectiva que impone un trato preferente a los discapacitados físicos. nota 3

· Perjuicio irremediable: definición y elementos

El actor interpuso acción de tutela contra el alcalde municipal, con el fin de que se le protegieran a el, a su familia y a la comunidad sus derechos, por considerar que el acueducto era insuficiente como consecuencia de la conexión de una nueva urbanización, para la cual habría sido necesario aumentar el caudal del río, realizar una serie de obras y estimar un aumento de costos, según un concepto del Fondo de acueducto y alcantarillado que no habría sido atendido por el alcalde, procediendo a suspender el servicio para realizar la mencionada conexión. La Corte negó el amparo, teniendo en cuenta que la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio se condiciona a evitar un perjuicio irremediable, es decir un daño o menoscabo material o moral injustificado, no como consecuencia de una acción legítima, que deteriora irreversiblemente el bien hasta tal punto que ya no puede ser reparado en su integridad.

Así, deben concurrir varios elementos: i) la inminencia, es decir, que amenaza o esta por suceder prontamente; ii) la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de este perjuicio; y iii) la gravedad de los hechos, es decir la gran intensidad del daño. Estos determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que debe ser adecuada para restablecer el orden social justo en su integridad. En el caso concreto, se contaba con la acción popular como mecanismo idóneo alternativo, y tales elementos no se identificaron, lo que impidió conceder la tutela transitoria. nota 4

· Improcedencia de la acción de tutela frente al Habeas corpus

El actor expresó que fue detenido y condenado por porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, en decisión que fue revocada, aunque manifestó que continuaba con auto de detención vigente para efectos de adelantar la investigación. Consideró que en esas condiciones la continuación de su detención fue injusta y arbitraria razón por la cual se violó su derecho a la libertad y al trabajo, pues se le impidió ejercer la actividad del comercio, a la cual se dedicaba. El amparo fue negado por la Corte pues existen vías específicamente concebidas para la defensa de ciertos derechos, en consideración a su señalada importancia y a sus especiales características, como el Habeas Corpus, recurso concebido para la protección de la libertad personal, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales.

La Carta estableció que no es procedente la acción de tutela cuando el afectado tenga a su alcance otro medio judicial de defensa, como lo es el Habeas Corpus respecto de la libertad personal. Así lo dispone también y, de manera expresa, el artículo 6º, numeral 2º, del Dec. 2591/91, a lo que se suma la circunstancia, consistente en que el sindicado goza dentro del proceso de todos los medios de defensa judicial tendientes a la garantía del debido proceso y a la aplicación correcta de las disposiciones vigentes. nota 5

· Improcedencia general y procedencia excepcional de tutela para proteger derechos colectivos

La peticionaria consideró que la alcaldía municipal vulneró sus derechos fundamentales por cuanto no había canalizado aguas lluvias que se mezclaban con aguas negras e invadían su residencia, afectando sus derechos fundamentales a la vida, al medio ambiente y a la salud. La corte determinó que la tutela no procede para la protección de los derechos colectivos, pues para ello se prevén las acciones populares. Sin embargo, cuando la afectación de un interés colectivo implica la vulneración o amenaza de un derecho fundamental del peticionario, entonces la acción de tutela es procedente, y prevalece sobre las acciones populares, convirtiéndose en instrumento idóneo para el amparo de los derechos amenazados.

Así, para que la tutela proceda y prevalezca en caso de afectación de un interés colectivo, es necesario: (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental; (ii) que el peticionario sea la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental; (iii) que la vulneración o la amenaza aparezcan probadas en el expediente; y (iv) que la orden judicial busque el restablecimiento del derecho fundamental, y no del derecho colectivo, aunque con la decisión este resulte también protegido. En el caso concreto se concluyó que aunque parecería buscarse la protección de los derechos al goce de un ambiente sano y el acceso a una infraestructura de servicios públicos, la situación generaba una amenaza inmediata a la salud y a la vida de la peticionaria, por lo que se concedió el amparo y se ordenó al alcalde que se elaborara el proyecto de presupuesto para la construcción del tramo de alcantarillado requerido, a fin de presentarlo a la aprobación del concejo y una vez cumplidos esos actos administrativos, se concedió un plazo de un año para iniciar la construcción de ese tramo de acueducto. nota 6

· Improcedencia de tutela por daño consumado y carácter preventivo

El actor junto con otros ciudadanos solicitaron al alcalde municipal una autorización para realizar un desfile político por las calles del municipio, en una fecha determinada. Interpuso una acción de tutela en una fecha posterior a la que había solicitado se concediera la autorización. De acuerdo con la corte, la determinación del alcalde carecía de justificación, por lo que resultó vulneratoria de los derechos fundamentales de reunión y manifestación. No obstante, al haberse interpuesto la acción de tutela cuando ya había transcurrido la fecha en la cual el actor y los ciudadanos deseaban realizar la marcha, el daño estaba consolidado, lo que hizo imposible su remedio mediante el amparo, ya que esta acción, por regla general, tiene carácter restitutorio y no resarcitorio o de indemnización, de manera que cuando el daño ya no pueda precaverse y evitarse y solamente puede recibir como remedio una compensación del perjuicio, ella no es pertinente. En esa medida resultó improcedente y se hace aplicable el inciso 1o. del artículo 24 del Decreto 2591/91, de acuerdo con el cual, en estos casos el juez de tutela debe prevenir a la autoridad para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que provocaron el daño. nota 7

· Improcedencia de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto

El actor, actuando en representación de una empresa de transportes, consideró vulnerado el derecho a la defensa de ésta, pues la falta de notificación de un decreto del alcalde, mediante el cual prohibió el estacionamiento de vehículos en las vías públicas, zonas de antejardines y demás espacios públicos, le impidió impugnarlo. La Corte negó la tutela pues consideró que mal puede interponerse la acción con el objeto de obtener que se privara un decreto, expedido por el alcalde, de sus efectos generales. Si el actor lo estimaba contrario a normas superiores, habría podido ejercer la acción de nulidad o, si se consideraba perjudicado, la de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero lo definitivo en este caso para hacer improcedente la acción de tutela es el carácter general e impersonal del acto cuestionado, en aplicación del artículo 6º, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991. nota 8

· Improcedencia de una acción de tutela contra otra anterior sobre los mismos hechos

Una entidad demandada en acción de tutela, y cuyo fallo de segunda instancia le fue desfavorable, interpuso acción de tutela en contra del mismo, por considerar que el juez de segunda instancia había incurrido en vía de hecho, vulnerando su derecho fundamental al debido proceso. La Corte sostuvo que aunque el juez de tutela puede incurrir en errores, por ser este un mecanismo de protección de derechos fundamentales, no es procedente la acción de tutela en contra de un fallo de tutela, ya que en estas providencias se hace una aplicación directa de la Constitución al análisis de las acciones u omisiones de autoridades públicas o de ciertos particulares.

El mecanismo diseñado para controlar las sentencias de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Ello excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela, por presuntas vías de hecho, pues la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional mediante la revisión. nota 9

· Improcedencia de la acción de tutela para la ejecución de actos internacionales

El accionante solicita se protejan sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, justicia, verdad, debido proceso, reparación integral, libre circulación y residencia, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, dignidad, igualdad y propiedad, ordenándole a las entidades demandadas que den cumplimiento a la Recomendación CCPR/C/74/D/859/1999 del 15 de abril de 2002 proferida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para el accionante, las entidades accionadas están vulnerando los derechos fundamentales invocados, por la dilación en dar cumplimiento al dictamen expreso del Comité de Derechos Humanos en relación con la protección a su vida y la disposición de medios de defensa jurídicos para determinar los responsables de las amenazas y del atentado que sufrió antes de exiliarse y para obtener la reparación de los perjuicios generados.

Sostiene que, según el artículo 93 de la Constitución y las leyes 74 de 1968 y 228 de 1996, las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encuentran incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. El Estado Colombiano debe acatar dichos dictámenes, sin que le sea facultativo adoptarlas o no, pues al no hacerlo incumple con los deberes internacionales asumidos al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para la Corte, las observaciones que profiera el Comité de Derechos Humanos deben observarse y ejecutarse por el Estado parte de buena fe, y es del resorte del juez constitucional pronunciarse sobre la existencia de una amenaza o violación a los derechos fundamentales cuando las circunstancias que subyacen a las recomendaciones internacionales ameriten su intervención.

Partiendo de las pretensiones del actor, la Corte precisó que en este caso el juez de tutela no era competente para verificar ni ordenar el cumplimiento de una observación proferida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bien se trate de recomendaciones generales sobre la interpretación o alcance de los derechos consagrados en el Pacto, o de recomendaciones derivadas de denuncias presentadas por particulares, la jurisdicción constitucional no fue instituida para ordenar la ejecución de los actos internacionales así como tampoco para decidir sobre la procedencia o no de los recursos que presente el Estado colombiano como parte de su defensa en el plano internacional.

No obstante lo anterior, la situación fáctica que dio origen al Dictamen No. 859 de 1999 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puede ser, en sí misma, constitutiva de una violación o amenaza actual para los derechos fundamentales del accionante. Independientemente de que el actor hubiese acudido ante el organismo internacional buscando proteger sus derechos, si las circunstancias alegadas ante el organismo internacional continúan produciendo efectos perjudiciales en el momento en el que se presentó la acción de tutela, el juez constitucional debe entrar a adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos fundamentales del accionante.

La Corte encontró que, aún cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores pudo haber adelantado una actuación más activa a nivel interno para coordinar a las demás entidades estatales pertinentes, en la búsqueda de una forma para que el actor regresara pronto al país con la confianza suficiente en la salvaguarda de sus derechos fundamentales, lo cierto es que no se encuentra comprobada la amenaza real de sus derechos a la vida y a la integridad física, así como tampoco que alguna autoridad le haya impedido ejercer los mecanismos de defensa administrativos y judiciales para obtener la reparación de los perjuicios y para castigar penalmente a los culpables del hecho punible perpetrado en su contra.

En consecuencia, la Corte decidió confirmar los fallos de instancia que negaron la protección constitucional invocada por el actor. No obstante, exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que le manifestara al accionante la disposición del Estado colombiano de proteger su vida frente a las amenazas que pudiera recibir, y de hacer todo lo que estuviera a su alcance para que, dentro del régimen legal, pudiera regresar al país. nota 10

· Improcedencia de la acción de tutela para el reintegro de servidor público que no está avocado a un perjuicio irremediable

El accionante consideró que su nombramiento en provisionalidad en un cargo de carrera, que no había sido provisto mediante el correspondiente concurso de méritos, gozaba de protección especial, en el sentido que no podía ser desvinculado de la Fiscalía General de la Nación, sino en virtud de un acto administrativo motivado en una sanción disciplinaria o penal. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2002, el Secretario General de la Fiscalía General de la Nación le comunicó que había sido declarado insubsistente su nombramiento del cargo de investigador judicial II. La Corte se pronunció señalando que el fuero de estabilidad ampara a quienes han ingresado a la función pública mediante el sistema de concurso de méritos y no a las personas nombradas en provisionalidad, quienes, si bien no cuentan con el mismo grado de protección judicial cuando son removidas del cargo, sí gozan de cierto grado de protección, en la medida en que no podrán ser removidos de su empleo sino dentro de los límites que la Constitución Política y las leyes establecen.

Así, el nominador deberá tener en cuenta las condiciones de vida del funcionario que será removido, en particular cuando no será reemplazado por quien ha ganado el concurso, sino por otro empleado en provisionalidad, ya que, eventualmente, se podrá causar agravio a los derechos fundamentales de la persona desvinculada, por ejemplo cuando se trata de madres cabeza de familia carentes de otra fuente de ingresos que no sea su salario, como también de madres solteras de las cuales depende el sustento económico de hijos menores de edad, más aún cuando no disponen de vivienda propia y con su salario pagan el canon del arrendamiento correspondiente. En el caso concreto, la Corte destacó que el actor no estaba avocado a sufrir las consecuencias de un perjuicio irremediable, pues estaba casado y su esposa laboraba en un centro de rehabilitación y diagnóstico, donde devengaba un salario mensual, que a pesar de ser escaso le permitían sobrellevar la situación hasta cuando la jurisdicción contenciosa decidiera la demanda instaurada contra la Fiscalía por los mismos hechos nota 11.

· Improcedencia de la acción de tutela para dirimir aspectos que no se discutieron dentro de la oportunidad procesal en un proceso judicial

El 3 de octubre de 2000, un ciudadano demandó ante el Consejo de Estado la pérdida de investidura de un Senador de la República. Mediante sentencia del 15 de mayo de 2001, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, accedió a las pretensiones de la demanda.

La acción de tutela en este asunto fue instaurada porque, conforme a la expresión conceptual del demandante ?tanto la sentencia que decretó la pérdida de investidura del demandante, como la que resolvió el recurso extraordinario especial de revisión, en cuanto no accedió a invalidar la primera, incurrieron en vías de hecho porque, introduciendo un cambio abrupto de jurisprudencia y exponiendo argumentos manifiestamente irrazonables que no justificaban objetivamente dicho cambio desconocieron de manera ostensible los preceptos contenidos en los artículos 179 numerales 2 y 3, y 181 inciso 2° de la CP, con desconocimiento de los derechos fundamentales del demandante?.

La cuestión relativa a si procede o no, y bajo qué condiciones, la acción de tutela contra las dos decisiones cuestionadas por esta vía, fue resuelta por la Sala Plena de la Corte, sentando dos reglas muy específicas. i) La primera, que no existe un medio de defensa judicial contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario especial de revisión, y en consecuencia, procedería la acción de tutela si en tal decisión se incurre en una ?vía de hecho? y se afectan los derechos fundamentales del Congresista. ii) La segunda, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional la acción de tutela no procede contra la sentencia que decreta la pérdida de investidura, puesto que el recurso extraordinario especial de revisión constituye un medio de defensa judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales de los congresistas, en especial el derecho al debido proceso.

Aplicando la regla jurisprudencial así enunciada, la única providencia que en principio, admitiría la acción de tutela, en el evento de que ella incurriera en uno de los defectos que legitiman su procedibilidad contra decisión judicial, sería la decisión de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de octubre 9 de 2001, mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario especial de revisión.

Para la Corte, resulta de significativa relevancia que el impugnante no hubiese aducido en el ámbito del medio alterno de defensa que le ofrece el orden jurídico, la vulneración del debido proceso, piedra angular sobre la cual sostiene su argumentación para descalificar como vía de hecho la decisión que decretó la pérdida de investidura. Ello permite afirmar que se incurrió en la impropiedad que la jurisprudencia constitucional ha señalado, en el sentido de omitir la formulación de los cargos que se tenían contra la sentencia en el recurso extraordinario de revisión, para luego ser presentados estratégicamente en el escenario de la tutela. Esto comporta dos consecuencias que revierten en la improcedencia de la tutela, de una aparte la pretensión de subvertir el foro judicial que el propio Constituyente ha establecido para la controversia de las decisiones relacionadas con la pérdida de investidura, y de otra, sustrae a la autoridad judicial que ha producido la decisión cuestionada por vía de tutela, de la posibilidad de enmendar el error, si ése es el caso, o de pronunciarse en su propio ámbito acerca de las censuras que se formulan contra sus actos.

Así las cosas, se presentan dos circunstancias que inhiben cualquier posibilidad de estructuración de las específicas causales que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra la decisión del Consejo de Estado, que decide el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que declara la pérdida de investidura. De una parte, el hecho evidente de que el pretendido defecto estructurante de una causal de procedencia de la tutela contra decisión judicial (vía de hecho en concepto del demandante) no se hubiere presentado en la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión. De hecho, el demandante dirige su censura contra la sentencia de pérdida de investidura. De otra parte, la omisión del demandante de canalizar a través del medio de defensa judicial alterno, los defectos que consideraba estructurantes de causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial (Vías de hecho en su planteamiento).

La imposibilidad de estructurar alguna de las causales que conforme a la jurisprudencia de Sala Plena de esta Corporación, abren paso a la acción de tutela contra las decisiones del Consejo de Estado que se pronuncian sobre la perdida de investidura parlamentaria, tornan en improcedente la acción de tutela formulada contra las decisiones de Mayo 5 y octubre 9 de 2001 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que declararon la pérdida de la investidura de Senador. nota 12

· Improcedencia de la acción de tutela contra decisiones del Consejo de Estado susceptibles de impugnarse por vía de súplica ante la Sala Plena de la misma Corporación

Teniendo en consideración que el accionante le imputaba a la Sección Segunda ? Subsección ?A? de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el haber avalado ?la declaración de insubsistencia de su nombramiento hecha en forma inconstitucional, ilegal e irregular?, ante el desconocimiento de la obligatoriedad de motivar los actos administrativos de retiro del servicio de funcionarios que han sido nombrados en provisionalidad, para la Corte Constitucional es indudable que el actor debió haber acudido para aquél entonces, al recurso extraordinario de súplica para controvertir el fallo.

Contrario a lo sostenido ahora por el actor en la providencia acusada, el Consejo de Estado sostuvo que ?la exclusión de motivación explícita en el acto discrecional de insubsistencia, cuando se trata de empleados que ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa, encuentra soporte legal en el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, de cuyo claro tenor no puede apartarse la interpretación judicial?.

Así las cosas, ante la disparidad de criterio entre las partes respecto a la aplicación e interpretación de la normatividad pertinente al caso del accionante, era el recurso extraordinario de súplica -y no la acción de tutela- el medio de defensa judicial procedente para cuestionar la violación directa de las normas sustanciales. No es posible recurrir a la jurisdicción constitucional para suplir la competencia que para estos efectos le había sido otorgada a la Sala Plena del Consejo de Estado, así como tampoco para remediar la omisión en acudir a los mecanismos instituidos en ese entonces por la ley para proteger los derechos fundamentales.

Por otra parte, conforme a los hechos narrados y las pruebas obrantes en el proceso, la Corte encuentra que el accionante interpuso la acción de tutela hasta el día 25 de julio de 2005, con el propósito de invalidar la providencia del 2 de octubre de 2003, proferida por la Sección Segunda ? Subsección ?A? del Consejo de Estado, que como se sabe fue desfavorable a sus intereses.

El actor presentó la acción de tutela un año y diez meses después de dictado el acto judicial que considera lesivo de sus derechos, sin que exista en el expediente razón o causa válida que justifique la demora en el ejercicio de la acción de amparo constitucional.

En casos como el presente, el juez debe evaluar las razones aportadas por la parte actora para justificar su inacción. Sin embargo, la mera inacción de la parte afectada, por desidia, desinterés o cualquier otra consideración, no justifica la afectación del principio de seguridad jurídica y del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, que se produce cuando se afecta una decisión judicial adoptada, años antes, por el juez competente. En estos casos, si la persona interesada dejó por su propia voluntad de acudir a los medios de defensa que tenía a su alcance para proteger de manera inmediata el derecho vulnerado o amenazado, debe asumir las consecuencias de su inacción.

Así pues, dado que en el presente caso no existe la menor noticia sobre la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito; o sobre la incapacidad del actor para ejercer oportunamente la defensa de sus derechos; o sobre la existencia de una amenaza grave e inminente que resulte urgente conjurar de manera inmediata mediante la acción interpuesta; o, sobre la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas y que justifique la tardanza en el ejercicio de los derechos, no puede la Corte adoptar una decisión distinta a la de declarar la improcedencia de la acción por la inacción oportuna del actor, esto es, por el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez.

En conclusión, y conforme a la jurisprudencia constitucional, se tiene que la acción de tutela no procede contra una sentencia proferida por una Sección o Subsección del Consejo de Estado, cuando la acusación esgrimida había podido ser planteada y revisada por la Sala Plena del Consejo de Estado a través del otrora recurso extraordinario de súplica. nota 13



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-001-92, ver también, entre otras, T-1225-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-003-92
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-441-93
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-225-93 Esta jurisprudencia es reiterada en la sentencia C-531-93 que deroga la noción del art. 6o. numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 que definía el perjuicio irremediable como aquel ?que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización?.
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-459-92
  6. Corte Constitucional, Sentencia SU-1116-01
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-456-92
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-203-93
  9. Corte Constitucional, Sentencia SU-1219-01
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-385-05
  11. Corte Constitucional, Sentencia T-1011-03
  12. Corte Constitucional, Sentencia T-920-05
  13. Corte Constitucional, Sentencia T-222-06

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