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Última modificación: 2006-08-01
Procedencia excepcional de la tutela

· Para la protección de derechos fundamentales por conexidad

La demandante solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez ante el ISS, la cual le fue negada por no acreditar el total requerido de semanas de cotización. En otra oportunidad se solicitó la devolución del dinero aportado, lo cual fue negado, por considerar prescrito el derecho al haber transcurrido un año desde su retiro. Solicitó, que ante la vulneración de sus derechos, se le reconociera la pensión de vejez ya que reunía los requisitos necesarios, o se le efectuara la devolución de los aportes realizados.

La Corte consideró que el carácter fundamental de un derecho no depende solamente de su naturaleza, sino también de las circunstancias del caso, lo que permite tener como derechos fundamentales por conexidad aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Se reconoce que la acreditación de la totalidad de las semanas de cotización es un problema probatorio que corresponde a la justicia laboral. No obstante se encontró que se negó la indemnización sustitutiva con base en la aplicación errada de una norma vulnerando el derecho a la igualdad y a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida. Por estas razones se concedió la tutela. nota 1

· Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Se demandó el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 por considerar que al consagrar la posibilidad de interponer acción de tutela en contra de providencias judiciales, se desconoce el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica. La Corte determinó que los jueces tienen la calidad de autoridades públicas y no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales. Por ello, es posible la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales o se pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual está autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente.

En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. sin embargo ello no implica, que juez de tutela pueda inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial, adoptando decisiones paralelas a las que emite el otro juez, pues esta posibilidad excede el alcance fijado por el Constituyente a la acción, quebranta la autonomía funcional de los jueces, obstruye el acceso a la administración de justicia, rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impide la preservación de un orden justo y afecta el interés general de la sociedad, además de lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico. Por esta razón se declaró inexequible el artículo demandado. nota 2

· Acción de tutela contra providencias judiciales: procedencia excepcional por vía de hecho

La actora interpuso acción de tutela contra la decisión de un defensor de familia que declaró a su hijo en estado de abandono, y la correspondiente sentencia de homologación por parte del juez civil del circuito, ya que en las mismas se habría desconocido el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de igualdad procesal, por la carencia de actividad probatoria por parte de los funcionarios demandados. La Corte aclaró que aún cuando el móvil fundamental de la intervención estatal sea la protección del interés superior del menor, las autoridades no pueden olvidar que toda decisión debe ser producto de un procedimiento respetuoso de las formas propias de cada juicio, el cual se garantiza en este caso mediante el control jurisdiccional de la decisión administrativa en el proceso de homologación.

Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, lo que hace procedente de manera excepcional la acción de tutela. En este caso la decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho por obedecer más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El error manifiesto del juez al homologar la resolución de la Defensoría de Familia, la falta de fundamentación de la sentencia y el incumplimiento del control de legalidad dispuesto por la ley respecto de las resoluciones de abandono proferidas por las autoridades administrativas, ocasionaron la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso de la actora, por lo que se le concedió el amparo solicitado. nota 3

· Procedencia de la tutela para obtener reintegro cuando la mujer embarazada enfrente un perjuicio irremediable

Manifiesta la actora que mediante Resolución de octubre de 1999 fue nombrada en provisionalidad como Auxiliar Administrativo, para ejercer funciones de pagadora en un Colegio de Tunja. A pesar de que las consideraciones para su nombramiento indicaban que la vacante sería cubierta hasta tanto se reglamentara de manera definitiva el sistema de concurso, mediante decreto municipal le fue declarada la insubsistencia en el cargo. El municipio aún no había convocado a concurso para proveerlo, por lo que desconoció la fundamentación de su resolución de nombramiento. Solicita que se expida el acto administrativo que garantice su estabilidad laboral en el empleo.

A juicio de la Corte, la actora se encuentra en una situación tal que permite la procedencia de la tutela. En efecto, la inminencia, urgencia y gravedad del caso que llevan a la existencia de un perjuicio irremediable se sustentan en el hecho de que: a) a través de escrito allegado a la Corte Constitucional la actora probó que se encuentra en estado de embarazo; tal estado la pone en una condición de vulnerabilidad mayor que la del resto de la población. Además, b) la señora gana un salario cercano al sueldo mínimo ($563.377). Al dejar de recibir tal ingreso la Sala presume la afectación actual del mínimo vital.

La Corte observó que la tutela no era el mecanismo adecuado para impugnar la legalidad del acto administrativo de desvinculación ni para obtener el reintegro del funcionario público desvinculado, a menos que se lograra comprobar que existe un perjuicio irremediable que deba ser inmediatamente precavido.

Para evitar la ocurrencia del perjuicio, la Corte ha tomado dos tipos de medida: (i) la orden de reintegro como medida transitoria y (ii) la orden de motivación del acto administrativo de desvinculación, de acuerdo a derecho, que, de no ser expresada, implica la inmediata revinculación del funcionario separado de su cargo.

El caso presenta para la Corte dos particularidades, a saber: el hecho de que la actora, en virtud de la orden del juez de segunda instancia, ya se encuentra vinculada a la administración y el actual estado de embarazo de la señora ?situación que si bien no se presentaba al momento de la desvinculación, debe ser debidamente valorada por la Corte Constitucional-.

Frente a tales particularidades, la Corte encontró que -a diferencia de los recientes fallos de la Corporación en los cuales, frente a la prueba de la existencia de un perjuicio irremediable, lo ordenado consistió en que se profiriera un nuevo acto administrativo expresando la motivación para la desvinculación, de tenerse, y de no exponerse razón se revinculara al funcionario- la solución que más consulta la protección de los derechos de la accionante es dejar en firme la sentencia del juez de segunda instancia.

La Corte observó que si se permitiese a la Administración que en el actual estado de la actora procediera a desvincularla mientras profiere el nuevo acto administrativo teniendo en cuenta las consideraciones de la presente Sentencia, se estarían generando graves perjuicios a una mujer en estado de embarazo. En efecto, a manera de ejemplo, se generaría una discontinuidad en el pago de aportes a la seguridad social lo cual derivaría en una futura negativa del pago de la licencia de maternidad por parte de la EPS. Además, se la dejaría desprotegida en materia de atención a la salud en su periodo de gestación.

La Corte confirmó la decisión del juez de instancia de manera integral, dejando la tutela como mecanismo transitorio de protección hasta que la jurisdicción contencioso administrativa se pronunciara de manera definitiva y manteniendo la carga de la demandante de iniciar el proceso contencioso. nota 4

· Procedibilidad de la tutela contra providencia judicial por desconocimiento del precedente constitucional

Manifiesta el accionante que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró su derecho fundamental al debido proceso en la Sentencia del 17 de febrero de 2005, Expediente # 4011-03. Como fundamento de su demanda, el actor indicó que al pertenecer el cargo que él ocupaba a la carrera administrativa, a pesar de que su nombramiento se había dado en provisionalidad, la desvinculación debió haber sido motivada. En criterio del peticionario, el nombramiento en provisionalidad en un cargo de carrera no se puede equiparar a un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y revisión.

Indica que, en primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en Sentencia del 21 de marzo de 2003, consideró que la administración sí tenía potestad discrecional para la libre remoción del actor y, por tanto, el retiro no debió haber sido motivado. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Agrega que en segunda instancia el Consejo de Estado confirmó el Fallo del Tribunal pues consideró que al ser equiparable el nombramiento en provisionalidad a la ocupación de un cargo de libre nombramiento y remoción, no era indispensable la motivación.

La Corte Constitucional encontró que la Sentencia del Consejo de Estado incurrió en un motivo de procedibilidad de tutela contra providencia judicial. En efecto, desconoció el uniforme, claro y reiterado precedente jurisprudencial de tutela en materia de la necesidad de motivación para la desvinculación de funcionarios nombrados provisionalmente en cargos de carrera. Al ser la Corte el intérprete con autoridad de la Constitución y haberse establecido que para el respeto del debido proceso administrativo, como derecho fundamental, se hace necesaria tal motivación, la posición asumida por el Consejo de Estado acarrea un desconocimiento indirecto de la Carta.

La Corte observó que la contradicción entre su jurisprudencia en materia de desvinculación y la posición del Consejo de Estado era evidente. Para la primera Corporación es indispensable la motivación para poder desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad sin vulnerar el debido proceso, pues no son equiparables los cargos de libre nombramiento y remoción con los de carrera proveídos en provisionalidad; para el Consejo de Estado, al ser equiparables los cargos de libre nombramiento y remoción con los de carrera con nombramiento en provisionalidad no es indispensable motivación alguna para desvincular al funcionario.

Si bien la Corte ha reconocido que puede existir una separación del precedente, en virtud del respeto a la igualdad, ésta debe ser motivada de manera suficiente. Recordó que la Sentencia C-037/96 declaró exequible el numeral segundo del artículo 48 de la Ley Estatutaria, sobre el alcance obligatorio de las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela, el cual dice que ?su motivación constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces?. No obstante, dicha exequibilidad fue condicionada ?bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad?. nota 5

De otra parte, aunque la Corte en sus primeras providencias después de considerar que la falta de motivación constituía una vulneración al debido proceso otorgó el amparo como mecanismo transitorio, lo cual podría prestarse para entender que una lectura plena del precedente autorizaba tácitamente al Consejo de Estado para fijar la posición final acerca de la necesidad o no de la motivación para la desvinculación, desde 2003 hasta la fecha en numerosas providencias se ha venido considerando la orden de motivar el acto administrativo dada por el juez de tutela como un mecanismo autónomo y definitivo de protección. Lo anterior implica que la Corte Constitucional ha estimado que el problema jurídico consistente en si la falta de motivación constituye o no una vulneración del debido proceso administrativo ya ha sido solucionado en forma definitiva por la Corte como órgano de cierre del ordenamiento jurídico colombiano. Es por esto que la orden de tutela a partir de 2004 sólo tiene dos vertientes: (a) ordenar proferir un nuevo acto administrativo motivado o (b) ordenar proferir un nuevo acto administrativo motivado y de no poder motivarse revincular inmediatamente al funcionario. Así las cosas, el Consejo de Estado sólo tendría competencia definitiva para determinar si el nuevo acto administrativo motivado es válido dentro del ordenamiento jurídico.

La Corte decidió amparar le derecho al debido proceso administrativo y ordenó al Consejo de Estado proferir una nueva decisión sobre la demanda presentada por el accionante, teniendo en cuenta los parámetros señalados en la Sentencia de la Corte. nota 6



· Determinación de la vía de hecho en providencias judiciales

Se interpuso acción de tutela contra la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que decretó la pérdida de la investidura de congresista del actor, quien afirma haber sido condenado con base en hechos analizados y fallados en forma previa por la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde se declaró que no se encontraba incurso en ninguna inhabilidad, en contra de la garantía constitucional del non bis in idem y el principio de la cosa juzgada; se fundamentó la decisión en declaraciones rendidas con desconocimiento del debido proceso; y se le impuso una sanción aplicable sólo a los congresistas por hechos sucedidos en una época en la cual no era miembro del Congreso, en contra del principio de legalidad. Todo lo anterior configuraría una vía de hecho, vulneratoria de los derechos fundamentales del actor.

Para la Corte una sentencia constituye vía de hecho cuando presenta ciertos defectos a saber: a) sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; b) fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; c) orgánico, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, d) procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico. Al no haberse establecido con claridad los hechos alegados por el actor, no fue posible determinar si se configuró alguna de las situaciones que constituyen vía de hecho, por lo que no se concedió la tutela. nota 7



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-491-92
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-543-92
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-079-93
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-070-06
  5. Sentencia C-037-96 , M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Ver en el mismo sentido, Sentencia C-836-01, M.P. Rodrigo Escobar Gil
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-254-06
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-162-98

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