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Última modificación: 2006-08-01
Naturaleza de las acciones populares

Una comunidad indígena demandó al Ministerio de defensa y a una Misión Aérea de EEUU, por haber instalado un radar en una zona ubicada en su resguardo indígena. Este hecho les estaría implicando la vulneración de los derechos a existir como pueblo indígena, a la vida y a la salud como resultado del daño al medio ambiente y a la paz y tranquilidad. Solicitaron que se retirara el radar, que las tropas abandonaran la zona y les fueran indemnizados los perjuicios ocasionados. Aclaró la Corte que la acción de tutela no procede para obtener de manera autónoma la protección de derechos colectivos; procede para obtener el amparo de derechos fundamentales. Los derechos colectivos, deben perseguirse judicialmente mediante las acciones populares en los términos de su regulación legal, salvo las hipótesis de protección indirecta o consecuencial por la amenaza de un derecho fundamental.

Determinar cuál de los dos mecanismos de protección se aplica, es el fundamento de la labor del juez de tutela en cada caso. Las acciones populares no pueden establecerse ni ejercerse para perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular sobre derechos colectivos; para estos últimos fines, el constituyente ideó las acciones de grupo o clase y conservó las acciones ordinarias o especializadas y la acción de tutela. No es, ni puede ser requisito para ejercer la acción popular, que exista un daño o perjuicio ya que fueron creadas para prevenir o precaver la lesión. Pueden ser ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra los particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni individuales. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-405-93

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