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Última modificación: 2006-08-01
Inconstitucionalidad de la caducidad de la acción popular

Se demandó el artículo 11 de la ley 474 de 1998 por considerar que al establecer términos de caducidad para incoar las acciones populares se violaba el derecho de acceso a la administración de justicia. Para la Corte, de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, se consagra la regla general según la cual la acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo, sin límite de tiempo alguno, pero la excepción que en la misma disposición se prevé cuando la acción se dirige a ? volver las cosas a su estado anterior?, en cuanto establece un plazo de cinco (5) años para instaurarla, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración, desconoce los mencionados derechos, ya que la acción popular no trata la protección de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneración pone en peligro o ataca bienes valiosos para la sociedad, de tal forma que mientras subsista la vulneración y exista la posibilidad de volver las cosas al estado anterior, cualquiera de los miembros del grupo debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, y la conducta de los responsables debe ser sancionada. Por lo anterior, se declaró la inexequibilidad de la norma. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-215-99

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