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Última modificación: 2006-08-01
Sentencia en el proceso de la acción popular

Se demandó el artículo 33 de la ley 474 de 1998, pues se considera excesivo el término de 20 días para dictar sentencia, en la acción popular, contrario al principio de una pronta y adecuada justicia, más aún cuando se prevé un trámite adicional para establecer el monto de los perjuicios al permitirse la condena in genere; y se favorece con la indemnización a la entidad pública no culpable encargada de los derechos vulnerados, limitando las ordenes a las encaminadas a volver las cosas a su estado anterior. Se impediría de esta forma que se indemnice, cuando las cosas no pueden volverse a tal estado, en contra de la equidad. El actor incurrió en un error al señalar el artículo que demandaba, y en desarrollo del principio de prevalencia del derecho sustancial, la Corte estudió los cargos respecto del artículo 34.

De acuerdo con la Corte, el Legislador reguló la forma como se dicta sentencia atendiendo a criterios razonables dentro de los límites de libre configuración legislativa, ya que previó términos acordes con la finalidad de la acción; y teniendo en cuenta los términos cortos para el proceso en general que le impiden al juez pronunciarse sobre el monto de los perjuicios cuando determina la responsabilidad, prevé un término adicional para tal efecto. Respecto de la indemnización en favor de la entidad, del contenido de la norma en mención no podía deducirse que estuviera excluyendo la responsabilidad de los agentes de esa institución, toda vez que la disposición se refiere precisamente a la entidad ?no culpable?. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-215-99

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