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Última modificación: 2006-08-01
Incentivo previsto en la reglamentación de la acción popular para el actor es compatible con el deber de solidaridad y la defensa de los derechos colectivos

El demandante formuló cargos contra los artículos 39 y 40, inciso 1º, de la Ley 472 de 1998, por considerarlos contrarios a los artículos 1 y 13 de la Constitución Política. El artículo 39 consagra un incentivo para el demandante en acción popular ?que el juez fijará entre diez (10) y 150 salarios mínimos legales mensuales?, y el artículo 40, inciso primero, confiere el derecho al mismo demandante a percibir el 15% de lo que la entidad recupere como consecuencia de la acción popular por violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa. En concepto del demandante, el incentivo está en contravía con los postulados de la Carta Política, conforme a los cuales el principio de solidaridad se desarrolla como aquel deber de conducta desinteresado, en el cual el ciudadano actúa en la búsqueda del beneficio general, olvidándose de sus intereses particulares.

De otra parte, los dispositivos demandados violan el derecho a la igualdad en virtud de la incongruencia que media entre los dos. En efecto, mientras en el artículo 39 se indica que en una acción popular el demandante tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales, en el artículo 40 se establece que en aquellas acciones populares que se generen por la violación al derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el 15% del valor que recupere la entidad pública en razón de esta acción. Adicionalmente, y aún más grave es que en el artículo 40 de la Ley 471 de 1998 se obliga a pagar el incentivo a la entidad pública que sea beneficiada con las resultas de la acción popular. Para la Corte, la prevalencia del interés público debe edificarse sin anular los legítimos intereses de los particulares, por lo cual, si bien éstos pueden ser limitados en virtud de lo público, tal circunstancia no puede extenderse validamente hacia la negación del individuo.

Bajo este esquema conceptual, la Corte encontró que las acciones populares combinan el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber de solidaridad, el Congreso prevé un estímulo que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente.

Para la Corte, el incentivo económico es una manera de compensar la carga que asume el demandante, pues de no existir seria una carga desproporcionada para quien inicia la acción. Bajo los mismos presupuestos normativos el demandante puede ser una entidad pública, caso en el cual, el incentivo reconocido judicialmente quedará bajo la titularidad del Estado. Es decir, no se causará erogación alguna a favor de particulares, al propio tiempo que el Tesoro Público se fortalece, o cuando menos, se mantiene sin variación con referencia a las resultas de la correspondiente acción popular. Sobre el inciso primero del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, que establece un incentivo diferente para el caso de las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, la Corte encontró legítima la finalidad perseguida, que es preservar la moralidad de la función administrativa, consagrada en el artículo 209 de la Constitución.

La distinción que se hace por el Legislador es razonable ya que por esa vía se refuerza la protección al bien jurídico de la moralidad pública y el recto manejo de la administración publica y en consecuencia la diferenciación se encuentra constitucionalmente justificada. Sobre la cuestión acerca de quién debe pagar el monto del incentivo decretado por el juez de la acción popular, tanto el del articulo 39, como del 40 de la Ley 472 de 1998, la Corte manifestó que este monto debe pagarlo la persona que atentó o vulneró el correspondiente derecho o interés colectivo, pues, no sería lógico ni jurídico que en la perspectiva de proteger derechos e intereses vinculados al cumplimiento de las tareas estatales, sea el mismo Estado quien deba soportar una erogación con ocasión de un proceso en el que se demostró la responsabilidad de un tercero. Con fundamento en lo expuesto, la Corte declaró la exequibilidad de las normas demandadas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-459-04

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