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Última modificación: 2006-08-01
Legitimación del defensor del pueblo para interponer acción de grupo

Se demandaron los artículos 48 y 53 de la ley 474/98, pues se consideró que no es función del Defensor del Pueblo interponer acciones de grupo, ello atentaría contra el libre ejercicio de la abogacía y el derecho a la igualdad, así como contra la naturaleza de la entidad que no se constituyó para formular demandas. A su juicio es inconstitucional la intervención del Defensor del Pueblo en todo proceso promovido mediante una acción de grupo, pues no es un fin del Estado litigar a nombre de otro. Para la Corte es acorde con la Constitución extender la posibilidad de que el ciudadano intervenga en los procesos que se originan por acciones de grupo, a funcionarios que tienen a su cargo la defensa de los derechos e intereses públicos, ya que ello refuerza la eficacia en el ejercicio de la acción. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-215-99

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