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Última modificación: 2006-08-01
La constitución y las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de demandarse en acciones de cumplimiento

El demandante adujo una omisión legislativa en las expresiones ?normas con fuerza material de ley o actos administrativos? incluidas en los artículos 4º, 6º y 8º de la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla la acción de cumplimiento. Consideró el accionante que restringir a tales normas la procedencia de la acción de cumplimiento y excluir la Constitución y las Convenciones Colectivas de Trabajo vulnera la supremacía de la misma Constitución, su carácter de norma jurídica y desconoce la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas, pues éstas constituyen leyes en sentido material. De acuerdo con la Corte, al ser el resultado de un consenso político y debido a la función social que desempeña la Constitución, el lenguaje constitucional tiene por lo general una textura abierta a diferentes interpretaciones. Esta característica es un factor que incide sobre dos cuestiones fundamentales: lleva a que existan diversas formas de exigir un contenido más o menos amplio, y permite un alto grado de discrecionalidad en cabeza de la autoridad competente para desarrollarlo.

En esa medida, la posibilidad de requerir el cumplimiento de una Constitución requiere el otorgamiento de amplias facultades al órgano competente, que le permiten incidir directamente sobre la estructura y el funcionamiento del Estado. Además de lo anterior, el lenguaje utilizado en algunas partes del texto constitucional tampoco permite el cumplimiento judicial directo de su contenido, sino que requiere el desarrollo previo de decisiones políticas y de la implementación de los deberes jurídicos correspondientes. En esa medida, algunas de las cláusulas constitucionales sirven para encauzar el proceso político hacia ciertas líneas de acción más o menos generales, pero no implican necesariamente deberes explícitos o implícitos directamente exigibles de los órganos del Estado o de los particulares.

Por otra parte, aún cuando la Constitución sí establece deberes constitucionales en muchos casos no establece quién está encargado de su cumplimiento. Efectivamente, la Constitución no efectúa una regulación minuciosa y exhaustiva de la organización y el funcionamiento del Estado; y aun cuando el constituyente prefiguró determinados cursos de acción política, y estableció ciertos objetivos estatales, no asignó las respectivas competencias en cabeza de órganos preestablecidos. La falta de regulación de tales competencias tiene como propósito permitirle a los diversos órganos del Estado y especialmente al Legislador, como representante del pueblo, determinar políticamente y en cada coyuntura histórica, cuál es la forma más adecuada de lograr los objetivos constitucionales. La falta de especificación de los contenidos y de las competencias tiene también un sentido político e institucional, que es constitucionalmente pertinente.

Es también un mecanismo a través del cual el constituyente histórico permite que sea el pueblo, en su condición de soberano, quien decida cual es la mejor manera de llevar a cabo el consenso consagrado en la Constitución, de acuerdo a las condiciones históricas que le corresponda vivir. Esta indeterminación política e institucional de la norma constitucional resulta incompatible con la naturaleza propia de la acción de cumplimiento. Además, la Corte encuentra que la acción de cumplimiento tiene un fundamento constitucional explícito en el artículo 87 de la Carta, en el cual se regula su ámbito de aplicación, limitándolo al ?cumplimiento de [un deber contenido en] una ley o un acto administrativo?. Por lo tanto, de acuerdo con una interpretación restringida del término ley, la Constitución quedaría excluida de la acción de cumplimiento.

La Corte reconoció que contra lo anterior, podría aducirse que la expresión ?ley? en la Constitución no se refiere exclusivamente a las normas jurídicas con fuerza de ley, sino que incluye también a la misma Constitución. Sin embargo, la interpretación amplia del término ley es de carácter excepcional y no es predicable del artículo 87 de la Carta. Para la Corte, la limitación de competencias judiciales en cuanto al cumplimiento de la Constitución, en particular en lo que respecta a la acción de cumplimiento, tiene como propósito permitirle a los demás órganos del Estado, y principalmente al Legislador, el margen de interpretación necesario para desarrollar políticamente la Carta.

Sobre la exclusión de las convenciones colectivas de trabajo del conjunto de normas exigibles mediante acción de cumplimiento, la Corte recordó el criterio sostenido en su jurisprudencia, en el sentido de que, desde el punto de vista constitucional, las convenciones colectivas de trabajo no pueden considerarse leyes en sentido material, pues no tienen el efecto general de éstas ni son el resultado de la voluntad soberana en ejercicio de la potestad de representación otorgada al Legislador. La diferenciación establecida por el Legislador entre la convención colectiva de trabajo y la ley, y la correspondiente exclusión de la primera del ámbito de la acción de cumplimiento, resulta plenamente ajustada a la Constitución. En particular, si se considera que, de acuerdo con el texto del artículo 87 de la Carta, la acción de cumplimiento tiene como finalidad ?hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo?, sin incluir los acuerdos y convenios de trabajo, de los cuales hace expresa mención el art. 53 de la Carta nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-651-03

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