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Última modificación: 2006-08-01
Acción de cumplimiento no persigue declaración de derechos

Se demandó el Artículo 24 de la Ley 393 de 1997, pues consideró el actor que la norma le resta eficacia a la administración de justicia, ya que hace necesario entablar dos demandas diferentes por un mismo hecho: una para solicitar el cumplimiento de un deber legal, y otra para obtener el pago de indemnizaciones resultantes del mismo; lo que contraría los principios de economía, celeridad y eficacia. Esta duplicación de procesos, conduce a la imposibilidad de cumplir con la responsabilidad de contribuir al buen funcionamiento de la administración de justicia. Finalmente vulnera el art. 84 de la Constitución que establece que las autoridades públicas no podrán exigir requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho que haya sido reglamentado de manera general, ya que el artículo 87 no le impuso límites al ejercicio de la acción de cumplimiento, como lo hace la norma.

Para la Corte, de la Constitución no se deriva la posibilidad de reclamar indemnizaciones mediante la acción de cumplimiento, por lo cual, el Legislador no estaba obligado a configurar una acción cuyo objeto cobijara la pretensión de indemnización de perjuicios. El objeto de la acción de cumplimiento no es el de declarar derechos, sino un mecanismo para hacer efectivos mandatos o derechos expresamente consagrados en la ley o en el acto administrativo; el Legislador asegura este propósito diseñando un procedimiento breve y ad hoc, que excluya la posibilidad de que se surta un debate encaminado a la declaración de derechos. Finalmente, no habiendo hecho la Constitución una regulación general de este derecho, le corresponde esta labor al Legislador. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-638-00

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