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Última modificación: 2006-08-01
Acción de cumplimiento requiere para su procedencia la renuencia de la autoridad. el perjuicio irremediable puede afectar a alguien distinto al accionante. improcedencia de la acción para proteger derechos susceptibles de tutela

Se demandaron parcialmente los artículos 8 y 9 de la Ley 393 de 1997, ya que al imponer como requisito la demostración de la renuencia de la autoridad, se crea una obligación no estipulada por la Constitución e implica reconocer que las autoridades pueden desconocer el ordenamiento. En segundo lugar, teniendo en cuenta que cualquier persona está legitimada para interponer la acción de cumplimiento, no tiene razón de ser la figura de la existencia del perjuicio irremediable, para que exista o no la posibilidad del ejercicio de la acción. Finalmente la Constitución no reestablece la exclusión de la acción de tutela frente a la otra, ni restricción alguna para el ejercicio de una u otra acción, tal como lo hizo el Legislador. La Corte consideró que el Legislador tiene un margen de configuración legislativa que le permite optar por éste u otros requisitos procesales tendientes a facilitar la participación ciudadana. La constitución en renuencia es un paso conducente pues ésta es la manera de constatar el incumplimiento de la administración y delimitar el ámbito del deber omitido.

El propio texto del artículo 87 Constitución Política, introdujo el concepto de la renuencia al señalar que ?la sentencia ordenará a la autoridad renuente el incumplimiento de un deber omitido?. Por otro lado determinó que no es consistente con la finalidad ni con las condiciones de ejercicio de la acción de cumplimiento que el perjuicio irremediable deba cernirse exclusivamente sobre la persona del accionante, ya que potenciales afectados que no pueden defenderse por sí mismos y pueden ser beneficiarios de la acción, resultan discriminados cuando, atendidas las circunstancias del caso, podrían sufrir un perjuicio irremediable, al exigirse la carga de constituir en renuencia a la autoridad, por lo que se declara inexequible la expresión ?para el accionante?, del artículo 8°. Finalmente, la acción de tutela y la de cumplimiento, tienen finalidades y propósitos distintos, en virtud de los cuales puede el Legislador establecer condiciones de procedibilidad, con el fin de ampliar los alcances de cada acción o para evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos y mantener la armonía y complementariedad entre los distintos mecanismos judiciales. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1194-01

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