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Última modificación: 2006-08-01
Facultad del legislador para regular la acción de nulidad

Al ser demandado el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, afirmó el actor, que la expresión ?Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos?, vulnera la Constitución, pues siendo la acción de nulidad de orden constitucional (art. 237.2), le está vedado al Legislador establecerla o regularla. Así, no le era posible extenderla a toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo pues la Constitución la restringe al Consejo de Estado (art. 237.1). Por otro lado ha sido instituida en relación con decretos sin fuerza de ley del Gobierno Nacional y no debe extenderse a todos los actos administrativos. Además se extiende la competencia del Consejo de Estado a la declaración de nulidad, siendo que de acuerdo con la Constitución (237.6) "las demás funciones que determine la Ley" se circunscriben al poder de suspensión provisional de los actos administrativos.

El art. 238 de la Constitución establecería la jurisdicción contencioso administrativa para suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, siendo excepcional la acción de nulidad, mientras la norma la consagra como regla general. La Corte declaró exequible la norma demandada, pues la acción de nulidad, tiene como finalidad servir de instrumento para buscar la invalidez de un acto administrativo, proveniente de cualquiera de las ramas del poder público, por estimarse contrario a la norma superior a la cual debe estar sujeto, garantizando el principio de legalidad . En el numeral 2o. del art. 237 se constitucionaliza expresamente la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos sin fuerza de ley del Gobierno Nacional, pero tal norma no es por si sola su fundamento constitucional; su sustento se halla en varios preceptos, y en las normas que a nivel constitucional han institucionalizado y regulado la jurisdicción de lo contencioso administrativo (arts. 236, 237-1-5-6 y 238).

Si la propia Constitución consagra la acción de nulidad con soporte jurídico en las normas constitucionales, el Legislador puede regularla a nivel legal, según el art. 150-2 y está habilitado para determinar las diferentes instancias procesales a través de las cuales debe conocerse de la acción de nulidad contra los diferentes actos de la administración. Los diferentes órganos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, igualmente pueden resolver sobre las peticiones de suspensión provisional que son accesorias a dicha acción. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-221-99

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