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Última modificación: 2006-08-01
Razonabilidad del acceso privilegiado de los profesionales de la salud a los cargos de director de hospital en ciertos municipios

La Corte se ocupó de establecer si el numeral 3° del artículo 24 del Decreto 1569 de 1998 vulnera el derecho fundamental a la igualdad, al exigir como requisito para ser Director de Hospital o de Empresa Social del Estado, o de Instituciones Prestadoras de Salud en municipios de categorías tercera, cuarta, quinta y sexta, el ser profesional en el área de la salud; mientras que, para ocupar dichos cargos en municipios de categoría especial, primera y segunda, se admiten profesionales de otras áreas y disciplinas del conocimiento. Para la Corte, la distinción de trato entre dos sujetos profesionales, habilitados por la misma ley para cumplir las mismas funciones de dirección, se justifica objetivamente en la necesidad de organizar la prestación de los servicios de salud en determinados municipios del país en forma más eficiente.

En efecto, se trata de una medida razonable y proporcionada, teniendo en cuenta el número reducido de profesionales que prestan el servicio de salud en los municipios de categoría tercera, cuarta, quinta y sexta; y la imperiosa exigencia de interés público de asegurar el principio de universalidad en el acceso a las prestaciones propias de la seguridad social. Es adecuado a dicho fin, que el Legislador exija a las personas que se postulen a un cargo directivo, tener formación profesional en el área de la salud. Es evidente que, una posible emergencia en las condiciones de salubridad de un municipio retirado de la cabecera departamental, exige medidas inmediatas y, entre ellas, la idoneidad de todos sus profesionales para atender dicha urgencia. Además, la Corte consideró que no existe otro medio que permita cumplir con dicho objetivo y garantizar la suficiencia e idoneidad que otorga el mecanismo previsto por el Legislador.

La exigencia de formación profesional en el área de la salud como requisito para acceder a cargos de dirección, permite que el profesional seleccionado pueda desempeñarse en las tareas administrativas y simultáneamente, concurrir a la prestación de los servicios de asistencia en el área de la salud, atendiendo las necesidades de la población y la cobertura territorial. Por último, la proporcionalidad en si misma considerada de la disposición acusada, se encuentra en la objetividad de la justificación que le sirve de sustento. Ella, según se dijo, no consiste en restringir indebidamente el acceso a los cargos públicos, sino que, por el contrario, se encuadra en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la Administración, a través de la selección de directivos que, por su mérito y capacidad profesional, resulten idóneos para cumplir con las exigencias que amerita el cargo, es decir, el ejercicio simultáneo de funciones administrativas y asistenciales. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-100-04

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