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Última modificación: 2006-08-01
Funciones públicas ejercidas por particulares deben estar claramente determinadas por la ley

Se demandó el artículo 6 del Decreto Ley 1680 de 1991 "Por el cual se reorganiza el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República" pues se considera que le asigna al Despacho de la Primera Dama el cumplimiento de funciones no establecidas claramente en la ley. Por otro lado la Primera Dama, en su carácter de particular, es la que define cuáles son las actividades que le corresponde desempeñar a los funcionarios de la mencionada dependencia. La Corte consideró que el derecho a desempeñar funciones públicas se predica también de los particulares que, en los casos taxativamente señalados en la ley, puedan investirse de la autoridad del Estado y desempeñar funciones administrativas, lo que no modifica el carácter de tales funciones. En tales casos, el particular representa el ejercicio de una atribución estatal con todas las implicaciones jurídicas y políticas, por lo que debe hacerse en los términos taxativos, precisos y específicos que señale la ley.

La naturaleza de la competencia en materia de atribuciones y funciones públicas debe ser explícita, de forma tal que se respete el principio de legalidad, para lograr certeza respecto de la labor que se ejerce, lo que a su vez permite conocer el alcance de su responsabilidad frente a la administración misma y frente a los asociados. Si la ley no es estricta en el señalamiento de las funciones a desempeñar, dejando al libre albedrío del particular la realización de las mismas, permite que esta persona, investida de la autoridad del Estado, realice todo lo que no estuviere prohibido, en vez de ejercer únicamente lo que le está permitido, desconociendo con ello uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. La norma estudiada al asignar funciones de apoyo administrativo y la asistencia en las actividades que la primera dama "estime conveniente emprender", permite que ciertos servidores ejerzan unas actividades que dependen del libre albedrío de un particular, lo que, como se explicó, vulneró el ordenamiento constitucional. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-089A-94

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