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Última modificación: 2006-08-01
Inconstitucionalidad del concurso cerrado de méritos

Se demandó el numeral 2º del artículo 192 del Decreto 262 de 2000, que establecía el sistema de concurso cerrado de méritos para el ascenso dentro de la Procuraduría General de la Nación, por considerarlo vulneratorio del principio de igualdad, al no permitir a personas ajenas a la entidad o pertenecientes a la misma pero no inscritas en carrera, acceder a los cargos. Además se sostiene que la norma no es razonable porque los funcionarios de carrera ya habrían recibido una calificación especial en el concurso, sin que se justifique otorgarles un beneficio adicional frente a los demás postulantes. La Corte determinó que de conformidad con la Constitución y en particular con los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, no debe haber exclusión de ciudadanos en la provisión de empleos en los órganos y entidades del Estado.

Así, si la Constitución no distingue entre nombramientos para ingresar o ascender en la carrera al establecer el concurso público como condición del nombramiento del funcionario que pretende ocupar un cargo de carrera, e impone en ambos casos, que se cumplan los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes; no corresponde al intérprete distinguir entre estas dos eventualidades para efectos de determinar el alcance de la regla general sobre el nombramiento por concurso público. De limitarse el mecanismo de nombramiento de funcionarios de carrera por vía del concurso público sólo al ingreso a la carrera y excluirlo, así sea parcialmente, del ascenso en la carrera, se desconocería el artículo 125 y se vulnerarían los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.

Por otro lado se consideró que los fines perseguidos por la norma, tales como estimular a quien se han destacado y reconocer los esfuerzos, el cumplimiento, la eficiencia y la experiencia en la carrera de la entidad son legítimos e importantes, pero el concurso cerrado de ascenso es innecesario, ya que existen otros medios menos lesivos de los derechos fundamentales de terceros y más adecuados para asegurar no sólo los fines de la norma sino también otros igualmente importantes como son la buena calidad de la función pública y la igualdad en el acceso y el ejercicio de la función pública. En esa medida la norma demandada fue declarada inexequible. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-266-02

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