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Última modificación: 2006-08-01
Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto en concurso de méritos garantiza la igualdad en acceso al desempeño de cargos y funciones publicas

El peticionario encabezaba la lista de elegibles para el cargo de juez civil municipal, pero fue nombrada la persona que ocupaba el sexto lugar por lo que solicitó la tutela de sus derechos fundamentales. Para la Corte, la Constitución con las salvedades que ella misma indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la provisión de cargos del Estado, en todas sus ramas y órganos. La exigencia de que se aplique el sistema de carrera en la selección, promoción y salida del personal del Estado, es la realización del principio de estabilidad en el empleo, y la búsqueda de la excelencia como meta esencial del servicio público. De esta forma el derecho a desempeñar cargos y funciones públicas aparece lesionado para la persona no elegida que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, con desconocimiento de la Constitución, a cuyo tenor su elección hace parte del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Esa persona es privada del acceso a una responsabilidad pública a pesar de que el orden jurídico le aseguraba que, si cumplía ciertas condiciones, sería escogida. Así, habiendo obrado de buena fe, el aspirante debe soportar una decisión arbitraria que no coincide con los resultados del proceso de selección. El derecho a la igualdad es desconocido de manera abierta, toda vez que se otorga trato preferente e injustificado a quien se elige, y peyorativo a quien es rechazado no obstante el mérito demostrado, pasando por encima del criterio jurídico que ordena preferirlo. Por ello, el ente nominador debe respetar las condiciones del concurso, de forma que, producida una vacante, está obligado a nombrar al concursante que obtuvo el primer puesto, reservando a los siguientes para posteriores nombramientos, en orden descendente, mientras no se reciba nueva lista.

La vulneración resultante de este incumplimiento no encuentra solución efectiva ni oportuna en un proceso ordinario que supone unos trámites más dispendiosos y demorados que los de la acción de tutela, manteniendo en el tiempo la violación de un derecho fundamental que requiere protección inmediata, ya que la satisfacción de los aludidos derechos no puede diferirse, probablemente cuando ya el período en disputa haya terminado, descartando la alternativa de otro medio de defensa judicial como mecanismo de protección. Por estas razones concede la tutela y se ordena nombrar al peticionario en propiedad al cargo referido, y tener en cuenta para futuros nombramientos a la persona que estaba desempeñándolo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-133-98

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