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Última modificación: 2006-08-01
Utilización de listas de elegibles para proveer cargos vacantes no incluidos en las convocatorias

La demandante consideró que los apartes acusados del artículo 22 y del artículo 24 de la ley 443 de 1998, que contemplan la posibilidad de utilizar las listas de elegibles para la provisión de cargos vacantes con funciones y requisitos generales semejantes o iguales a los contemplados en las respectivas convocatorias, pero que no han salido a concurso, constituyen una violación al artículo 83 de la Constitución, ya que consagran un artilugio y un sofisma de distracción en la convocatoria, pues a pesar de no convocarse públicamente para un cargo, las vacantes pueden proveerse con quienes concursaron para otro cargo. De contera, se vulneran los artículos 40, numeral 7, y 125 de la Carta, y se da la posibilidad de la dualidad de convocatorias para un mismo cargo, lo que viola el principio de igualdad.

La Corte consideró que no existía la violación señalada por la demandante, puesto que la ley está fijando el procedimiento y la vigencia de las listas de elegibles. Listas que se conforman mediante la convocatoria pública, en igualdad de condiciones, dirigida a todos los ciudadanos que estén interesados en ingresar a la Administración para proveer los cargos de carrera, y que conocen de antemano cuál será la utilización de las mismas, cómo se proveerán los cargos de acuerdo con el lugar que se ocupe en las listas, en qué cargos y por cuánto tiempo estarán vigentes las listas, etc., lo que descarta la vulneración del principio de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Carta.

Además, el esfuerzo administrativo y económico que significa para el Estado hacer las convocatorias, realizar los concursos y conformar las listas de elegibles, debe traducirse en que la Administración saque el máximo provecho de las mismas, durante el término de su vigencia. Lo que redundará en la realización de los principios de la Administración Pública, en la forma establecida en el artículo 209 de la Constitución, en cuanto señala que ?La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad ...?. En consecuencia, se declaró la exequibilidad de los apartes acusados de los artículos 22 y 24 de la Ley 443 de 1998. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-942-03

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