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Última modificación: 2006-08-01
Estudio de seguridad de carácter reservado para conformar la lista de elegibles para cargos en el ministerio de la defensa nacional no es oponible al interesado

Se demandó por inconstitucional el parágrafo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998 que consagra que antes de la conformación de las listas de elegibles en los concursos que se realicen en el Ministerio de Defensa Nacional, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, se le efectuará a cada concursante un estudio de seguridad de carácter reservado, el cual, de resultar desfavorable, será causal para no incluirlo en la respectiva lista de elegibles. Además, señala que cuando se trate de utilizar las listas de elegibles de otras entidades, al nombramiento debe preceder el estudio de seguridad, y si éste es desfavorable no podrá efectuarse el nombramiento. La actora consideró que estos informes reservados vulneran, entre otros, los artículos 40, numeral 7, y 125 de la Constitución, pues, el concurso no será público sino privado. Señala que en un Estado de derecho no pueden existir sanciones, como lo es la eliminación o exclusión del trámite del concurso, frente a las que no pueda defenderse el ciudadano y, menos, que las razones sean absolutamente desconocidas para el mismo interesado.

Para la Corte, la objeción respecto al nombre de un candidato o funcionario judicial, en cualquier nivel y para cualquier destino, no puede provenir de razones clandestinas, guardadas en el fuero interno de uno o varios de los integrantes de la Corporación nominadora. Tiene que proceder de hechos contundentes y efectivos, que puedan sostenerse ante el afectado, quien obviamente, en guarda de sus derechos a la honra y al buen nombre (art. 15 Constitución Política), al debido proceso (art. 29 Constitución Política) y a la rectificación de informaciones (arts. 15 a 20 Constitución Política), al trabajo (art. 25 Constitución Política) y al desempeño de cargos públicos (art. 40 Constitución Política), debe poder defenderse. La Corte advierte que la reserva a que se refiere la disposición acusada, no la ubica explícitamente el Legislador en los términos de reserva moral, sino bajo el concepto de ?estudio de seguridad de carácter reservado?, referido al caso particular de los concursos que se realicen en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, salvo sus entidades administrativas.

Es decir, la disposición introduce un elemento diferenciador en cuanto a la entidad que conformará la lista de elegibles, pues involucra necesariamente el concepto de seguridad del Estado. Al respecto, la Corte expresó que las excepciones al principio de publicidad son en principio ajustadas a la Carta, cuando ellas se orientan a proteger un objetivo constitucionalmente legítimo, como el cumplimiento de los fines del Estado, la protección del derecho a la vida, a la intimidad, a la integridad física, en el contexto de las Fuerza Pública, dada la connotación especial de la labor que desempeñan, en el marco de los artículos 216, 217 y 218 de la Carta. En una sociedad democrática, las excepciones legales al principio de publicidad de los documentos públicos sólo deben aplicarse en la medida estrictamente necesaria para proteger un derecho fundamental o algún bien de especial importancia.

De acuerdo con los anteriores parámetros, el parágrafo del artículo 22 resulta acorde con el ordenamiento constitucional, y la expresión ?estudio de seguridad de carácter reservado?, debe entenderse que no opera para los directamente interesados, que son quienes concursen para cargos de carrera en el Ministerio de Defensa Nacional, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. Es decir, estas personas tienen derecho a ser informadas sobre los resultados del concurso y las razones para su exclusión, como es la regla general que rige la carrera. Y que la reserva sólo puede alegarse frente a terceros. En consecuencia, la Corte encontró que el parágrafo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998, es exequible en la medida en que se le informen al interesado las razones y los motivos de la exclusión de la lista de elegibles nota 1.

La Corte conoció de otra demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 1033 de 2006, que exige que para la vinculación de personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se deberá efectuar un estudio de seguridad de carácter reservado a los aspirantes a ocupar cargos, el cual deberá resultar favorable para acceder a los mismos. El demandante consideró que se vulneraban los artículos 13 (igualdad), 29 (derecho a la defensa y el debido proceso), 40-7 (desempeño de cargos públicos), 125 (posibilidad de acceder a la carrera administrativa), 15 (derecho a la honra y al buen nombre), 20 (derecho a la rectificación de informaciones) y 25 (derecho al trabajo) de la Constitución Política. Destacó que se violaba el derecho de defensa pues al ser reservado el estudio la persona no podrá defenderse y se le estará imponiendo una sanción sin ningún tipo de debido proceso.

La Corte en relación con el artículo 4° de la Ley 1033 de 2006 precisó que la naturaleza ?reservada? del estudio a que allí se alude, en el caso en que se entendiera oponible al interesado, sin duda vulneraría los derechos a que se refiere la demandante, pues implicaría la imposibilidad de defenderse y de controvertir, por los medios jurídicos pertinentes, sus derechos, si a ello hubiera lugar. La Corte encontró procedente condicionar la citada disposición en el mismo sentido que lo hizo en la sentencias C-942 de 2003 y C-1173 de 2005, es decir, que el carácter reservado del estudio de seguridad se impone para terceros, pero no para quien pretenda vincularse como personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Igualmente, la Corte advirtió que el estudio de seguridad realizado por las autoridades competentes debía fundarse en razones neutrales derivadas de hechos objetivos, ciertos, específicos y relevantes, para mostrar que se pondría en peligro o se lesionaría la seguridad de las personas que laboran en el sector defensa o la seguridad ciudadana. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-942-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-211-07

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