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Última modificación: 2007-07-26
El derecho al traslado de un juez a un cargo vacante debe hacerse sin menoscabo del derecho a ser nombrado de quien ocupa el primer puesto en la lista de elegibles

El accionante argumentó que a pesar de haber ocupado el primer puesto en la lista de elegibles para los cargos de Juez Promiscuo en dos municipios de Cundinamarca, las vacantes a proveer fueron llenadas con otras personas, con fundamento en el artículo 1º de la Ley 771 de 2002, que modificó el artículo 134 de la Ley 270 de 1996. En su sentir, la anterior actuación por parte del Tribunal Superior constituye una vulneración a sus derechos al trabajo, igualdad y debido proceso

La Corte advirtió que las actuaciones por parte de las entidades demandadas en relación con el cargo de juez en uno de los municipios no desconocieron los derechos fundamentales del accionante, pues éste cargo fue provisto en virtud de una solicitud de traslado horizontal que otro juez presentó y que fue anterior a la petición de cambio de sede que presentó el accionante.

Así mismo, advirtió que el Registro de Elegibles para Jueces de la República, por reclasificación y cambio de sedes, fue actualizado mediante Resolución No. 14 del 17 de marzo de 2003. Y que la solicitud de traslado de quien accedió al cargo fue aceptada tres días antes de esa fecha. En tato que el derecho contenido en la Resolución citada para el actor sólo adquirió exigibilidad a partir del 5 de abril de 2003.

En relación con el cargo en el otro municipio, también por solicitud de traslado éste fue provisto a otro juez para garantizar su seguridad y por tal razón sin tener en cuenta la lista de legibles. La Corte consideró que, si bien la aceptación de un traslado por seguridad responde a razones objetivas tendientes a proteger derechos fundamentales como la vida e integridad, ello no es óbice para que se desconozcan por completo los derechos que le asisten a las personas inscritas en la carrera judicial, como en efecto sucedió en el caso del accionante. En virtud de lo anterior, la garantía efectiva de los derechos a la vida, seguridad e integridad de una persona inscrita en la carrera judicial debían conciliarse o armonizarse en la mayor medida posible con los derechos que le asistían a los demás, en especial el de ser nombrados en el caso de ocupar el primer puesto en lista de elegibles.

Para la Corte, teniendo en cuenta que el accionante llevaba un tiempo considerable a la espera de hacer efectivo su derecho a ser nombrado, el Tribunal, de conformidad con el artículo 167 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, debió haber solicitado la lista de candidatos al Consejo Seccional de la Judicatura y tenerla en cuenta para el momento de adoptar la decisión como ente nominador. Debió hacer una ponderación entre ambos casos, es decir, las situaciones fácticas que rodeaban la solicitud de traslado por razones de seguridad y en lo concerniente al derecho a ser nombrado de quien ocupaba el primer puesto y procurar la efectividad de los derechos fundamentales. El Tribunal podía buscar una alternativa de solución en la cual efectivamente se le garantizara la seguridad a la señora en mención, sin necesidad de alterar las reglas que deben observarse al interior de la carrera judicial. En el evento en que no hubiera sido posible contar con suficientes plazas, de todas maneras debió tenerse en cuenta la lista de elegibles para efectos de informarle a los integrantes lo sucedido en relación con el respectivo traslado por seguridad y así, garantizarles la posibilidad de tomar alguna decisión en cuanto a cambio de sedes de manera oportuna.

En virtud de lo anterior, la Corte dispuso ordenar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que le informara al accionante cuáles eran las plazas disponibles en el departamento de Cundinamarca en las que ocuparía el primer puesto, para que él mismo presentara la solicitud de cambio de sede, la cual debería ser resuelta por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en un término no mayor de quince (15) días, en virtud de la primacía de la aplicación de los principios constitucionales sobre las normas que reglamentan la carrera judicial. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-962-04

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