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Última modificación: 2006-08-01
Inexistencia de la comisión nacional del servicio civil no impide que se puedan llevar a cabo procesos de reestructuración de la administración pública

Se demandó la Ley 790 de 2002, por la cual se dictan disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República. A juicio del ciudadano demandante, la inexistencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, hace imposible suprimir, fusionar o escindir entidades públicas del orden nacional, como quiera que no existe quien pueda velar por la administración y vigilancia de la carrera administrativa de los servidores públicos. En criterio de la Corte, el Constituyente de 1991 estableció como regla general de ingreso, ascenso y retiro de los cargos en las entidades y órganos del Estado, la carrera administrativa, con el fin de garantizar la eficiencia en la Administración Pública, así como de ofrecer la igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, estabilidad laboral y posibilidades de ascenso (art. 125 Constitución Política).

Para que esos objetivos constitucionales tuvieran pleno desarrollo, la Constitución Política en el artículo 130 dispuso la existencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de hacerla responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos. En desarrollo de esta disposición, la Ley 443 de 1998 se encargó de regular lo atinente a dicho organismo, algunos de cuyos artículos fueron declarados inexequibles por la Corte en sentencia C-372 de 1999. Esta declaratoria de inexequibilidad ha generado una serie de inconvenientes en relación con la provisión de empleos, ascenso y retiro de servidores públicos, en cargos de carrera administrativa, pero esa situación no puede llevar al absurdo de concluir que sin la existencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Estado quede en la imposibilidad de efectuar nombramientos cuando a ello haya lugar en cargos que deban ser provistos por el sistema de carrera administrativa.

Aun cuando el artículo 130 de la Carta Política dispone la creación de esa entidad como organismo responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, no lo es menos que no supedita la existencia de esa Comisión para la supresión, fusión, escisión o creación de nuevas plantas de personal en entidades u organismos del Estado, como quiera que son atribuciones propias del Legislativo o del Ejecutivo de conformidad con la ley, a las cuales se puede acudir a través de mecanismos diferentes, que consulten eso si los postulados que orientan la Constitución Política. Si bien, para la Corte lo ideal sería que en un proceso de reforma a la Administración Pública, que como el previsto por la Ley 790 de 2002, conlleva la supresión de cargos, fusión de entidades u organismos o escisión de los mismos, del cual van a resultar afectados varios servidores públicos, se contara con la administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, su ausencia no puede implicar petrificar la administración pública, cuando por razones de interés general dichos procesos se hagan necesarios. Por ello, no se puede deducir la inconstitucionalidad de dichos procesos ante la ausencia del organismo aludido nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-880-03

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