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Última modificación: 2006-08-01
Restricciones a los servidores públicos que deben ejercer sus funciones en san andrés y providencia

La oficina de Control y Circulación de Residencia OCCRE, de San Andrés, Islas, negó la tarjeta de residencia temporal a unas personas que ganaron un concurso público de méritos para desempeñarse como funcionarios de la Contraloría General de la Nación con sede en dicha Isla por cuanto dicha dependencia consideró que las personas nombradas no acreditaron su calidad de servidores públicos del orden nacional para ejercer jurisdicción administrativa en los términos del Decreto No. 2762 de 1991 (Por medio del cual se consagran medidas para controlar la densidad poblacional en el Departamento. Archipiélago de San Andrés y Providencia).

Con fundamento en lo expresado por la Corte en la sentencia C-530 DE 1993, que revisó la constitucionalidad del decreto 2762 de 1991, citado, la limitación de los derechos a la libre circulación de los ciudadanos colombianos y extranjeros en general para ingresar a San Andrés Islas es razonable, pero con la salvedad de que la función de la OCCRE con relación a los funcionarios nacionales es de registro, no de control, de suerte que no les son aplicables las normas relativas al cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso 2º del artículo 8º, ni el tiempo de duración de la tarjeta (art. 10), ni las causales de pérdida de la tarjeta (art. 11), ni tendrán que pagar por la tarjeta (art. 32). De acuerdo con el parámetro establecido en la aludida sentencia, la Çorte considera una intervención ilegítima impedir que los funcionarios de la Contraloría General designados mediante concurso de méritos puedan ingresar a las Islas para cumplir las labores de vigilancia y control fiscal en esta parte del territorio nacional.

El especialísimo y único poder que se le confiere a la OCCRE para limitar los derechos de las personas sólo se justifica con base en la protección de los valores y principios constitucionales que llevaron a la Corte a declarar exequible el Decreto 2762 de 1991, es decir, el control del problema de densidad de la población en las islas, y la preservación de la diversidad cultural del Archipiélago, así como la conservación del medio ambiente en la zona. Encontró entonces la Corte ajustado a la Constitución y a la ley que la OCCRE decida en algunos eventos negar a un grupo de ciudadanos colombianos el derecho a permanecer en las islas; pero cuando se trata de un funcionario de la Contraloría General que tiene la importante misión de ejercer el control fiscal a las finanzas de quienes manejan dineros públicos, la situación es diferente, puesto que tales funcionarios tienen el deber de cumplir sus funciones constitucionales y legales en el ámbito territorial correspondiente.

Adicionalmente, la OCCRE en ningún momento demostró que la llegada de los funcionarios de la Contraloría produciría efectivamente un daño ambiental en el Archipiélago, afectaría a la comunidad raizal, incidiría negativamente en la preservación del principio del multiculturalismo o implicaría un problema en términos de crecimiento de la población. n conclusión la Corte no encuentra razonables las condiciones impuestas a los funcionarios de la Contraloría para expedir la tarjeta de residencia respectiva, por lo que dispuso a ORDENAR la OCCRE dicha expedición dentro de las 48 horas contadas desde la notificación del fallo nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1117-02

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