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Última modificación: 2006-08-01
Otros espacios de participación en general

· En materia administrativa solo puede exigirse la actuación mediante apoderado para garantizar al afectado un juicio justo

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 35 del Decreto ley 196 de 1971 que establece ?Salvo los casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas; pero si se constituye mandatario, este deberá ser abogado inscrito.? Para el actor, las limitaciones al principio de participación y su regulación como derecho fundamental así como el derecho de acceso a la justicia deben estar plasmadas en el texto constitucional. La Corte consideró que el derecho a la participación no es absoluto y que por lo tanto es susceptible de limitaciones. Se debe distinguir entre el derecho que tienen las personas de participar en las decisiones que afectan sus vidas, como son las económicas, políticas, administrativas, ambientales, cívicas o culturales, de la intervención de las personas para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (art. 2º Constitución Política).

De ésta última clase, hace parte la participación en la administración de justicia y su realización efectiva está en el ámbito individual. Cuando se exige la intervención de un abogado, es decir, una intervención técnica de quien conoce las leyes, se busca garantizar que el acusado tenga un juicio justo porque el abogado debe poner sus conocimientos al servicio de la justicia, con miras a que las razones de su poderdante sean escuchadas y el derecho del mismo valorado, dentro de los parámetros legales y atendiendo a las reglas propias de cada proceso. La Corte determinó que sólo se ajustarán a la Carta aquellas imposiciones de representación por medio de abogado ante las autoridades administrativas que tengan por objeto garantizar que el afectado va a tener un juicio justo. Se declaró exequible el aparte acusado. nota 1

· Prohibición de delegar en los particulares la regulación de acciones, recursos y procedimientos frente a actos administrativos de gestión urbana

Se presentó acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 43, entre otros, de la Ley 428 de 1998. Respecto del derecho de participación la actora demando el artículo 43 porque desconocía el artículo 89 al permitir que en los estatutos de las unidades inmobiliarias cerradas se determinaran ?los criterios y condiciones para impugnar los Actos Administrativos de las autoridades de planeación y urbanismo que daban aprobación y licencias urbanísticas.? La Corte consideró que el artículo es inconstitucional porque no se podía delegar a los particulares la facultad para determinar la forma en la que se iban a regular las acciones, procedimientos y recursos con el objetivo de obtener un orden justo; más aún si se trata de los recursos para impugnar los actos administrativos que ?den aprobación y licencias urbanísticas?.

Se trataba de actos de gestión urbana, respecto de los cuales rige el principio constitucional de participación; es decir que dichos actos deben ser facilitados y promovidos por las autoridades públicas, interpretes y voceros del interés general, que están en capacidad de intervenir para que el particular se someta al bien colectivo, ?haciendo efectivo el principio urbano de cooperación, como uno de los supuestos encargados de hacer realidad la partición ciudadana.? La Corte también advierte la inconstitucionalidad de la norma porque confía la regulación de mecanismos de participación ciudadana, cuando se trata de actos administrativos de gestión urbana y por tanto de interés colectivo, a los estatutos de las unidades inmobiliarias cerradas, asuntos que de conformidad con los artículos 103 y 342 deben estar regulados en una ley estatutaria con el objetivo de que la participación se garantice con instancias y reglas de conformación democrática. nota 2

· Deber de garantizar el derecho a la participación ciudadana frente a decisiones administrativas que afectan derechos fundamentales

La actora interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio contra la Secretaría de Obras Públicas, para que dicha entidad se abstuviera de continuar la construcción de un puente peatonal frente a su inmueble y se ordenara a esta misma autoridad volver las cosas a su estado anterior, por considerar que la acción de la autoridad pública municipal amenazaba con vulnerar sus derechos a la intimidad y al debido proceso. La Corte consideró que las personas tienen derecho a participar en la construcción y orden de la ciudad, el cual se ejerce a través de los órganos representativos de los ciudadanos a nivel nacional, regional o local, además de articularse a través de su participación directa en las juntas administradoras locales, pero el Legislador debe crear mecanismos para que las personas beneficiadas o afectadas por las políticas públicas y su ejecución puedan formular sus aspiraciones, sugerencias, necesidades o quejas y llamen la atención sobre posibles dificultades no previstas.

La inexistencia de los mecanismos sugeridos no excusa a la administración para que desconozca las circunstancias individuales o comunales, como la afectación del derecho a la intimidad, legitimando su actuación en la prevalencia del interés general y en la función social de la propiedad. La Corte concedió la tutela de los derechos a la intimidad personal y familiar y a la participación ciudadana en la construcción y orden de la ciudad de la actora, pero como la administración tomó a tiempo las medidas necesarias para evitar el desconocimiento de los derechos fundamentales de la petente, solamente se previene a la autoridad para que no vuelva a incurrir en la conducta que motivó la acción. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-507-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-1043-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-530-92

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