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Última modificación: 2006-08-01
Carácter no remunerado de los jueces de paz se ajusta a la constitucion

El accionante afirmó que el artículo 19 de la Ley 497 de 1999, en virtud del cual los jueces de paz y de reconsideración no tendrán remuneración alguna, desconoce el derecho de quienes se desempeñan como jueces de paz a la remuneración mínima vital y móvil (art. 53, Constitución Política), amenaza el principio de independencia de la justicia (art. 228, Constitución Política), al hacer a los jueces de paz más vulnerables a la corrupción por disponer que no recibirán remuneración a cambio de su labor y desconoce el principio constitucional de igualdad, al otorgar a los jueces de paz un trato legal distinto en materia de remuneración frente a los demás funcionarios que integran la Rama Judicial y administran justicia.

En primer lugar, la Corte destacó que la Constitución Política no ordena ni prohíbe que los jueces de paz obtengan una remuneración; fue decisión manifiesta del Constituyente conferir al Legislador un amplio margen de configuración en cuanto al diseño y la forma de implementación de esta institución en nuestro país. Por lo tanto, si el Congreso de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales, optó por un modelo de jueces de paz no remunerados, no se puede afirmar por esa sola decisión que desconoció la Carta Política ?ni mucho menos, como hace el actor, inferir que se violó la Constitución porque ésta no facultó expresamente al Legislador para establecer que los jueces de paz no tendrán remuneración .

Para la Corte, una lectura atenta de lo dispuesto en la Ley 497 de 1999 revela que el mismo Legislador previó la necesidad de que quienes ejercen el cargo de jueces de paz, dado el carácter no remunerado de sus labores, puedan ocupar otros empleos en el sector público o privado para así obtener libremente los ingresos requeridos para su sustento; tanto así, que en el artículo 17 de la misma ley se establece inequívocamente que el desempeño del cargo de juez de paz es compatible con el de otros cargos públicos. En esa medida, no cabe reparo por esta vía a la decisión legislativa de crear jueces de paz no remunerados. En segundo lugar, el cargo presentado por el actor presupone que todo ejercicio de funciones públicas debe ser necesariamente remunerado, so riesgo de vulnerar el derecho a la remuneración mínima vital y móvil de quienes ejercen tales funciones.

Sin embargo, con base en lo dispuesto en la Carta Política, la jurisprudencia constitucional ya ha establecido justamente lo contrario. Es claro para la Corte que el Constituyente previó la posibilidad de que existan cargos públicos no remunerados; así, en el artículo 122 Superior, al disponer que ?No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente? (énfasis de la Corte), se infiere claramente que no todos los cargos públicos deben ser remunerados. Sobre la posibilidad de que el carácter no remunerado del cargo de jueces de paz los haga más vulnerables a ?las vanas tentaciones de los sobornos?, la Corte observó que se trata de una mera hipótesis interpretativa deducida por el actor de su propia lectura particular de la norma, y no de una situación que se pueda extraer directamente del tenor literal de la disposición legal acusada. En ese sentido, la Corte adoptó una decisión inhibitoria en relación con el cargo en cuestión.

La Corte consideró que el principio de igualdad permite al Legislador establecer diferenciaciones entre personas que se encuentran en circunstancias objetivamente distintas, así que los jueces de paz, por las especificidades propias del cargo, no son asimilables ni a los árbitros, ni a los conciliadores, ni a los demás funcionarios públicos o particulares que cumplen la función de administración de justicia. En otras palabras, bien podía el Legislador, en ejercicio de la potestad amplia que le otorgó expresamente el Constituyente en la materia, establecer condiciones para el ejercicio del cargo de juez de paz que no fueran iguales a las de los demás servidores públicos o particulares que ejercen funciones de naturaleza jurisdiccional. La Corte encontró la norma demandada ajustada a la Constitución. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-103-04

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