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Última modificación: 2006-08-01
Acceso a la administración de justicia de personas de escasos recursos no puede condicionarse al monto de las pretensiones

Consideró el actor que se le había impedido el acceso a la administración de justicia en virtud de su situación de pobreza y solicitó que se tutelaran sus derechos al debido proceso y a la igualdad, ordenando a la Personería Municipal que llevara a cabo la conciliación prejudicial exigida como requisito de admisibilidad de la acción civil que quería entablar contra una empresa responsable del accidente en el que falleció su hermano.

Tanto la Cámara de Comercio del lugar, en su Jornada Comunitaria de Solución de Controversias, como la Notaría a la cual el actor acudió, habían señalado que en atención al alto monto de las pretensiones del actor, debían cobrar una suma de dinero considerable (cerca de un millón de pesos) por la práctica de la diligencia. Ello, sin atender al estado de precariedad económica en el cual se encontraban el actor y su familia.

En criterio de la Corte, esta actitud por parte de los centros de conciliación habilitados por la ley deja traslucir una noción equívoca sobre el alcance del derecho de las personas de escasos recursos a acceder a la administración de justicia, en virtud de la cual tales personas únicamente podrían formular pretensiones de poca monta. A causa de tal postura, la posibilidad de las personas pobres de acceder a la justicia formulando pretensiones de alto valor económico quedaría condicionada al desembolso previo de sumas de dinero que, precisamente por su precariedad económica, no se encuentran dentro de sus posibilidades. Tal posición es abiertamente contraria al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de las personas en situación de penuria económica, Sujetar la efectividad de esta garantía constitucional a la formulación de pretensiones de bajo valor económico equivale a efectuar una discriminación irrazonable, en virtud de la cual únicamente podrían exigir el cobro judicial de altas sumas de dinero quienes tuvieran la capacidad económica de cubrir los costos referidos.

En consecuencia, precisa la Corte que el cumplimiento del cometido estatal de facilitar el acceso por las personas de escasos recursos al sistema de administración de justicia, no puede condicionarse en casos concretos a que el monto de las pretensiones formuladas por dichas personas sea mayor o menor; el criterio fundamental a tener en cuenta para estos efectos es exclusivamente el de las condiciones económicas del peticionario.

La Corte concluyó que se desconoció el derecho del actor de acceder a la administración de justicia cuando la Personería Municipal se negó a llevar a cabo la audiencia de conciliación por él solicitada; no pudo acceder a la jornada de conciliación de la Cámara de Comercio ni a la notaría en atención al monto de sus pretensiones y su situación económica real, y no pudo acceder a los consultorios jurídicos de otros municipios pues para llegar a ellos debe pagar la tarifa de transporte correspondiente.

Por lo tanto, la Corte decidió conceder la tutela, y para el efecto ordenó a la Personería Municipal 1) determinar cuál es la circunscripción territorial dentro de la cual debe llevarse a cabo la audiencia de conciliación solicitada por el actor, en atención a los factores de competencia relevantes; 2) en caso de establecer que la conciliación se puede llevar a cabo en el municipio cumplir efectivamente con su función de celebrar dicha audiencia, y 3) en caso de establecer que la conciliación debe llevarse a cabo en otro lugar, llevar a cabo las labores de coordinación que sean necesarias con el centro de conciliación competente para que se programe oportunamente la práctica de la audiencia de conciliación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1044-04

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