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Última modificación: 2006-08-01
Vulneración del derecho a la participación de una comunidad indígena por omisión de la consulta previa en el procedimiento de expedición de la licencia ambiental para la construcción de proyecto hidroeléctrico

Los actores interpusieron acción de tutela contra el Presidente de la República, los Ministros del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, y Minas y Energía, la Alcaldía Municipal y la Empresa Multipropósito Urrá S.A., por violación de los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú. Consideraron que el proceso de licencia ambiental paral la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá I en los territorios del pueblo indígena, se realizó sin efectuar la consulta a la comunidad, que establece la ley 99 de 1993, entre cuyos impactos ambientales comprobados se destacaron la desviación del río Sinú, y la inundación de secciones de los territorios del pueblo Embera-Katío. Los efectos ambientales de la construcción del proyecto hidroeléctrico afectaban en gran medida la forma de vida de la comunidad indígena, no sólo porque ya no tienen un territorio donde establecerse sino porque basaba su sustento en la pesca en el río Sinú.

El proyecto hidroeléctrico embalsó el cause del río, lo que afectó la pesca porque propicia la desaparición de las especies acuáticas. La Corte estimó que el procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I se cumplió en forma irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que debió hacérsele. De esta forma, no sólo resultaron vulnerados el derecho de participación (Constitución Política art. 40-2 y parágrafo del art. 330), el derecho al debido proceso (Constitución Política art. 29), y el derecho a la integridad de este pueblo (Constitución Política art. 330), sino que se violó el principio del respeto por el carácter multicultural de la nación colombiana consagrado en el artículo 7 Superior, y se viene afectando gravemente el derecho a la subsistencia del grupo indígena (Constitución Política art. 11).

Con dicha actuación, el Estado incumplió los compromisos adquiridos internacionalmente e incorporados al derecho interno por medio de la Ley 21 de 1991 en materia de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En consecuencia, la Corte concedió la tutela de los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú y ordenó que la firma dueña del proyecto hidroeléctrico indemnizara al pueblo afectado al menos en la cuantía que garantizara su supervivencia física, mientras elaboraba los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede escapar, y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar.

La Corte estableció que si los Embera-Katío del Alto Sinú y la firma dueña del proyecto no llegaren a un acuerdo sobre el monto de la indemnización que se les debía pagar a los primeros, dentro de los próximos seis (6) meses, los Embera-Katío deberán iniciar ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, el incidente previsto en la ley para fijar la suma que corresponda a un subsidio alimentario y de transporte, que pagará la firma propietaria del proyecto a cada uno de los miembros del pueblo indígena durante los próximos quince (15) años, a fin de garantizar la supervivencia física de ese pueblo, mientras adecuan sus usos y costumbres a las modificaciones culturales, económicas y políticas que introdujo la construcción de la hidroeléctrica sin que ellos fueran consultados, y mientras pueden educar a la siguiente generación para asegurar que no desaparecerá esta cultura en el mediano plazo.

Una vez acordada o definida judicialmente la cantidad que debiera pagar a los Embera-Katío la Empresa Multipropósito Urra s.a., con ella se constituirá un fondo para la indemnización y compensación de los efectos del proyecto, que se administrará bajo la modalidad del fideicomiso, y de él se pagará mensualmente a las autoridades de cada una de las comunidades, la mesada correspondiente al número habitantes de cada una de ellas. nota 1

Posteriormente, los gobernadores de algunas comunidades indígenas del resguardo Embera-Katío del Alto Sinú, interpusieron acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Montería y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que habían vulnerado sus derechos al debido proceso, a acceder a la administración de justicia, a la supervivencia física y a la igualdad, al expedir providencias que contrariaban lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-652/98. En dicha sentencia la Corte había ordenado a la Empresa Multipropósito Urrá S.A. indemnizar al pueblo Embera-Katío del Alto Sinú por no haberles consultado su opinión sobre la construcción de la represa de Urra II, en su territorio.

La comunidad de los Embera-Katìos y la empresa Multipropósitos S.A no llegaron a un acuerdo sobre le monto de la indemnización y por lo tanto la comunidad inició el incidente para la indemnización ante el Tribunal Superior de Montería. Tanto dicho tribunal, como la Cote Suprema de Justicia, negaron la procedencia del incidente para arreglar el monto de la indemnización por extemporaneidad del recurso. La tesis que siguieron fue que los seis meses de plazo para interponer el incidente, contaba a partir de la notificación del fallo de tutela de la Corte y no a partir de que no se lograra la negociación.

La Corte consideró que tanto el Tribunal Superior de Montería como la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia habían incurrido en vía de hecho por haber interpretado restrictivamente el aparte tercero de la sentencia T-652 de 1998, hecho que le vulneró a la comunidad indígena varios derechos fundamentales: i) el debido proceso porque se impidió la liquidación de perjuicios y no se pudo constituir el fondo para la compensación por los efectos del proyecto; ii) el acceso a la administración de justicia al utilizar mecanismos restrictivos de interpretación; iii) el derecho a la igualdad, pues la comunidad merece consideraciones especiales respecto del Estado y la interpretación restrictiva hizo todo lo contrario; iv) a la participación pues se restringió la posibilidad de concertar el monto de la compensación y se impidió resolver el conflicto ante la administración de justicia. Además el fallo puso en riesgo la supervivencia física y cultural de la comunidad.

En consecuencia, la Corte tuteló los derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la participación y a la supervivencia física y cultural y ordenó al Tribunal Superior del Distrito Judicial, juez de primera instancia en el proceso, que dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-652 de 1998, en el sentido de dar trámite al incidente de regulación de perjuicios promovido por los peticionarios. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-652-98
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1009-00

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