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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia de la acción de tutela para proteger intereses colectivos cuando se omite la consulta previa para la creación de un municipio que afecta territorio indígena

La Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio, contra el Gobernador del Departamento del César, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Registrador Departamental, para que se protejan los derechos a la autonomía, a la identidad e integridad étnica y cultural y a la participación del pueblo arhuaco, pues éste no fue tenido en cuenta para la creación de un municipio, porque no se le consultó previamente, teniendo en cuenta que una parte del territorio del municipio creado había sido reconocido como ?territorio indígena? por resoluciones del INCORA. Solicitó que se suspendieran los efectos de la ordenanza que creó el municipio y de los decretos que la desarrollaban, mientras la jurisdicción contencioso administrativa decide la acción de nulidad en contra de dicha ordenanza.

La Corte consideró que aun cuando la consulta previa a los arhuacos sobre la creación del municipio Pueblo Bello es obligatoria en virtud del Convenio 169 de la OIT y del artículo 329 de la Constitución que establece que ?En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo?, y uno de los requisitos es la ?participación de los representantes de las comunidades indígenas?, participación exigida por el Convenio 169, la acción de tutela no es procedente en este caso porque tratándose de intereses colectivos, como son los derechos e intereses de la comunidad arhuaca sobre su territorio, procede la acción popular. En consecuencia, la Corte no concedió la tutela impetrada por existir otras vías judiciales como la acción popular y la contencioso-administrativa. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-634-99

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