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Última modificación: 2006-08-01
Derecho a la participación ciudadana frente a la contaminación por publicidad exterior visual

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 12, entre otros, de la Ley 140 de 1994 sobre publicidad exterior visual, por desconocer los artículos 79 y 330 de la Carta, según los cuales la ley y el gobierno deben garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente. Según la actora, el artículo 11 establece un procedimiento de registro, posterior a la colocación de la publicidad, lo cual hace imposible la actuación de las autoridades administrativas en forma previa a la postura de las vallas y similares. En cuanto al artículo 12, considera que éste limita la participación comunitaria al denuncio por parte de la ciudadanía de una posible vulneración de la ley en cuestión.

La Corte estimó que de la lectura de los artículos 78 y 80 de la Constitución, no se puede entender que la participación de la comunidad para proteger el paisaje debe ser siempre previa pues existen argumentos constitucionales, como la búsqueda de la eficacia administrativa, que pueden justificar la ausencia de control previo administrativo y comunitario. Esta situación se puede dar para el control de una actividad que no tiene un impacto considerable ni irreversible sobre el medio ambiente, y la ley prevé un mecanismo posterior y ágil que permita a la comunidad intervenir para la solución del asunto. En los casos en que la actividad pueda ocasionar un daño considerable o irreversible al medio ambiente o, en tratándose de las comunidades indígenas, a la identidad y existencia de las mismas (Constitución Política art. 330), la ley y el gobierno deben asegurar un mecanismo previo de participación comunitaria, pues los costos de la decisión pueden ser muy altos en términos económicos, sociales y humanos.

En el caso específico de la publicidad visual exterior, la Corte estimó que la supresión de permisos previos, en nombre de la simplificación administrativa y el estímulo a un sector empresarial, se justifica por cuanto las vallas pueden ser removidas de manera rápida, sin que se haya producido un impacto considerable, notorio o irreversible al paisaje y la propia Ley 140 prevé mecanismos ágiles posteriores de intervención ciudadana para evitar la continuación de la contaminación visual. La Corte concluyó que los artículos acusados garantizan la participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente, pero los concejos y las autoridades indígenas pueden establecer controles más estrictos, que el registro posterior previsto por esa norma, pudiendo incluso exigir permisos previos para la colocación de publicidad exterior visual. Por lo anterior, debe entenderse que las acciones consagradas por el artículo 12 de la ley, pueden ser ejercidas contra la publicidad exterior visual que desconozca las regulaciones legales y aquellas expedidas por los concejos y las autoridades indígenas, en virtud de su competencia constitucional en esta materia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-535-96

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