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Última modificación: 2006-08-01
Inconstitucionalidad del silencio administrativo positivo en la obtención de la licencia ambiental para obras públicas

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 105 de 1993 por la cual se dictaban disposiciones sobre transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales y se reglamenta la planeación en el sector transporte. Para el actor, la aplicación de la figura del silencio administrativo positivo para la obtención de la licencia ambiental en materia de construcción de obras públicas, impedía o excluía la participación ciudadana en la protección del ambiente. La Corte estableció que la figura del silencio administrativo positivo no excluye la participación ciudadana y comunitaria en el trámite de las respectivas licencias ambientales porque la Ley 105 de 1993 no derogó las normas generales sobre participación en materia de protección del ambiente, adoptadas mediante la Ley 99 de 1993, sino que estableció una disposición especial en relación con las obras públicas indispensables para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial.

La entidad administrativa competente para la expedición de la licencia, debe garantizar el derecho de cualquier persona a intervenir en el procedimiento administrativo ambiental (Ley 99 de 1993, art. 69). La Corte consideró que el silencio administrativo positivo en materia de la construcción de obras públicas, puede hacer que el Estado pierda efectividad al prevenir y controlar el deterioro ambiental, porque la entidad promotora o constructora podría desatender las directrices de la autoridad ambiental, potenciar los riesgos de impacto negativo sobre el ecosistema o presentar planes de manejo ambiental inadecuados o insuficientes, sin que el Estado, debido a la sanción por su ineficacia, pueda ejercer sus deberes constitucionales. Resulta paradójico, que la ineficacia del Estado -la omisión en pronunciarse sobre la solicitud de una licencia ambiental- termine sancionada con mayor ineficacia, en este caso, relevando a las autoridades de su deber constitucional de prevenir y controlar el deterioro ambiental. La aplicación del silencio administrativo, en estas condiciones, era inexequible, ya que violaba los artículos 2, 79 y 80 de la Carta. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-328-95

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