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Última modificación: 2006-08-01
La asignación de competencia al presidente de la república en materia de evaluación del desempeño del personal y directivos docentes es contraria a la constitución

El demandante afirmó que el num. 5.8 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001 en virtud del cual corresponde a la Nación ejercer, en relación con la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural, la función de ?definir, y establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluación y capacitación del personal docente y directivo docente?; así como la previsión contenida en el parágrafo 1º del artículo 10 de la misma ley, en el sentido de que el desempeño de los rectores y directores de las instituciones educativas públicas será evaluado anualmente por el departamento, distrito o municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional, atribuyen dicha competencia al Presidente de la República. No obstante, el actor manifestó que, de conformidad con los artículos 125 y 150 num. 23 superiores, corresponde exclusivamente al Congreso de la República la potestad de expedir las leyes que rigen el ejercicio de la función pública y el retiro de los cargos de carrera por calificación no satisfactoria.

La Corte sostuvo que tanto el num. 5.8 del artículo 5º como el parágrafo 1º del artículo 10 de la Ley 715 de 2001, no distribuyen competencias en materia educativa, conforme a lo previsto en el artículo 288 superior, pues no asignan a la Nación la prestación del servicio público de educación que la primera norma menciona.

Sin embargo, dichos apartes asignan al Presidente de la República la función de dictar normas generales en materia educativa, específicamente normas que tratan del ejercicio de la función pública y del retiro de la carrera administrativa por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, las cuales debían ser dictadas por el Legislador, ordinario o extraordinario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114, 125 y 150 num. 23, de la Constitución, que por tanto resultan vulnerados.

En ese sentido, la Corte destacó que el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República en relación con la evaluación y capacitación del personal docente y directivo docente queda subordinado a las leyes expedidas o que en el futuro se expidan sobre esta misma materia y que así lo permitan.

La Corte concluyó que el cargo formulado contra el Num. 5.8 del Art. 5º y la expresión ?atendiendo el reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional? contenida en el Parágrafo 1o del Art. 10 de la Ley 715 de 2001 estaba llamado a prosperar, por lo cual la declaró inexequible. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-723-04

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