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Última modificación: 2006-08-01
El derecho a la participación de los sindicatos no se vulnera por falta de convocatoria a comisión especial de miembros del congreso de la república

Se demandó la inconstitucionalidad del Decreto Ley 1792 de 2000, que modificó el estatuto que regula el régimen de administración del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y establece la carrera administrativa especial para estos funcionarios. El acto sostuvo que el gobierno había desconocido la obligación consagrada en el artículo 3 de la ley de facultades, de contar con la intervención de una comisión especial integrada por miembros del Congreso de la República, para la elaboración, revisión y concertación de los textos de reestructuración objeto de las facultades aludidas. Adujo que en el proceso de elaboración de la norma no hubo concertación y transparencia por la negativa de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa de permitir a la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas -ASODEFENSA- hacer parte de la comisión especial reseñada, con lo que se vulneraron los artículos 40, 55 y 103 superiores.

La Corte señaló que de acuerdo con las pruebas aportadas, se puede concluir que la Comisión Especial a la que se refiere el artículo 3 de la Ley 578 de 2000 se integró, reunió y cumplió con el objetivo previsto, cual era, ?participar en el desarrollo de estas facultades y en la elaboración, revisión y concertación de los textos definitivos de los decretos de reestructuración? y que por lo tanto se cumplió a cabalidad el proceso previo a la expedición del decreto. Así mismo, la Corte consideró que la norma demandada no viola los artículos 40, 55 y 103 por la no participación de ASDEFENSA en la preparación del decreto ya que no existe ninguna norma constitucional que obligue al Gobierno a convocar a dicha asociación sindical para que participe en la Comisión Especial, es decir que el ordenamiento jurídico colombiano no le impone al Ejecutivo obligaciones específicas sobre participación y concertación de una norma que expida en ejercicio de sus facultades extraordinarias. En este ámbito, el ejercicio del derecho de participación se concreta en las normas que sobre iniciativa legislativa popular consagran los artículos 40, numeral 5, 103 y 155 de la Constitución. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-757-01

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