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Última modificación: 2006-08-01
Deber de la autoridad administrativa de permitir la participación de los miembros del sindicato en procesos de declaración de ilegalidad de asamblea permanente

El sindicato de las Empresas Varias de Medellín EPS (EEVVM) interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Alcaldía Municipal de Medellín y las Empresas Varias de Medellín por considerar violados los derechos al trabajo, a la organización sindical, a la asociación, la huelga, y el debido proceso, de sus afiliados. Argumentó que dentro del proceso llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo que declaró ilegal la asamblea permanente en 1992, no se permitió intervenir a los miembros del sindicato, ni se tuvo en cuenta si quienes no se encontraban en su puesto estaban en asamblea, si les correspondía un turno, o si estaban de vacaciones o incapacitados. Como consecuencia de la declaración de ilegalidad de la asamblea permanente fueron despedidos 209 trabajadores pertenecientes al sindicato.

La Corte estimó que en este caso no se respetó el debido proceso en la calificación de ilegalidad del cese, y en el despido de los afiliados al Sindicato porque se constató que el Ministerio de Trabajo y las Empresas Varias de Medellín, adelantaron el proceso sin permitir su participación en defensa de los derechos de sus asociados y de los de la organización. Consideró que nada autoriza al ente administrador o a funcionario judicial alguno a interpretar el ordenamiento jurídico de forma que haga nugatoria la garantía constitucional que existe para toda persona, de participar en la producción de las decisiones que la afectan (Constitución Política art. 2). Por lo tanto, dicha actuación no sólo viola el derecho de participación sino también los Convenios 87 y 98 de la OIT, que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Respecto de la ilegalidad de la huelga, la Corte sostuvo que para el momento en el que ocurrió el cese de actividades y la declaración de ilegalidad de la huelga, aún no existía una ley que definiera el servicio de aseo como esencial y, por tanto, a la luz de la Constitución, no era posible restringir el ejercicio de la huelga en las empresas que lo prestaren.

Por lo anterior, la Corte tuteló los derechos al trabajo, a la organización sindical, a la asociación, la huelga, y el debido proceso del Sindicato de las Empresas Varias de Medellín ESP y ordenar a las Empresas Varias de Medellín EPS que reintegre a los trabajadores despedidos, y les reconozca los salarios y prestaciones que dejaron de percibir, entendiéndose que no ha habido solución de continuidad en su relación laboral con esa empresa. En caso de resultar imposible reintegrar a alguno de ellos, previa la calificación de esa imposibilidad por el Tribunal Administrativo de Antioquia, esa Corporación determinará la indemnización que las Empresas Varias de Medellín deberá pagar a quienes no asuman de nuevo sus puestos por esta causa. Por último, resolvió condenar in genere a las Empresas Varias de Medellín EPS a pagar al Sindicato actor una indemnización, por los perjuicios causados con las vías de hecho en que incurrió al verificar el cese de actividades y despedir a sus afiliados y dirigentes. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-568-99

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