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Última modificación: 2006-08-01
Facultad de los alcaldes de designar parte de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos municipales y el representante de los usuarios no vulnera el derecho a la participación

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6 del artículo 27 de la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. Para el actor la norma acusada, confería poderes omnímodos y dictatoriales a los Alcaldes para administrar empresas que son patrimonio de la comunidad, lo cual viola los principios de igualdad y proporcionalidad, porque faculta a los alcaldes para designar libremente las dos terceras partes de las juntas directivas de dichas empresas, y para designar el representante de los usuarios entre los vocales de control de los Comités de Desarrollo y Control Social. La Corte consideró que la norma acusada no restringe el ámbito de aplicación de los principios y preceptos de la democracia participativa, ni la participación cívica comunitaria de los ciudadanos que forman parte de los comités de desarrollo y control social de las referidas empresas del orden municipal.

La norma garantiza la participación en la gestión y fiscalización de las empresas, a través de los vocales de control, que actúan en representación de los habitantes de determinado municipio, a través de los referidos Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos domiciliarios integrados por usuarios, suscriptores o potenciales suscriptores de los mismos, es decir, por personas no vinculadas a las respectivas empresas, que se ven afectadas por las decisiones que inciden significativamente en el rumbo de sus vidas. En consecuencia, la Corte declaró exequible la norma impugnada. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-585-95

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