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Última modificación: 2006-08-01
Deber de informar a la comunidad sobre procesos de asignación de subsidios familiares de vivienda

El actor interpuso acción de tutela contra una Delegada de la Red de Solidaridad Social, por considerar vulnerados sus derechos a la vivienda digna, petición, libertad de expresión e información, trabajo, iniciativa privada, honra y buen nombre, al negársele a su barrio la asignación de un subsidio para mejorar sus viviendas con el argumento de que el proyecto presentado por su comunidad no era comunitario sino privado, por haber obtenido la asesoría de una firma particular de ingenieros. La Corte consideró que no se habían vulnerado los derechos invocados, pues la Mesa Municipal de solidaridad no tiene competencia para asignar y entregar recursos, sino para identificar los proyectos que en fases posteriores, serán presentados, calificados, y, si es del caso, seleccionados como beneficiarios del subsidio.

No obstante, quedó demostrado que tanto el actor como su comunidad no cuentan con la información para su bienestar material mínimo, sin la cual su derecho a la igualdad y a la participación, en el proceso público de adjudicación de subsidios de vivienda, podrían resultar amenazados. Por esta razón, para que la participación comunitaria sea efectiva y se garantice el acceso en condiciones de igualdad a los procesos de adjudicación de subsidios, se requiere que los funcionarios públicos informen, de manera oportuna, clara y eficaz, a los sectores potencialmente beneficiarios, sobre los criterios utilizados en la preselección y selección de los beneficiarios, las etapas que han de surtirse antes de la adjudicación del subsidio, así como el trámite pertinente, las causas y motivaciones que determinan cada una de las decisiones que lo integran.

Finalmente, estimó la Corte que las normas que regulan los programas de la Red de Solidaridad Social, contemplan los instrumentos que garantizan la transparencia en la definición y selección de beneficiarios y en el manejo de los recursos. Por lo anterior, la Corte negó la tutela pero ordenó al Alcalde y a la Delegada de la Red de Solidaridad Social, que con el objeto de prevenir la amenaza de los derechos a la igualdad y a la participación del actor, tomen todas las medidas razonables destinadas a difundir la información pertinente sobre el procedimiento legal y reglamentario para acceder los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda y, en particular, informara al actor acerca de la etapa en la cual se encuentra el proyecto presentado a la Mesa Municipal de Solidaridad por la comunidad y el contenido de las decisiones administrativas que hubiern afectado el mencionado proyecto, lo mismo que los trámites que restaban por surtirse. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-499-95

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