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Última modificación: 2006-12-18
El secuestro del lider de un partido político no impide la cancelación de su personería jurídica cuando no obtiene representación en el congreso

Un señor., en condición de agente oficioso de su esposa secuestrada, interpuso acción de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral, a objeto de que se impidiera la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y del desarrollo del principio de la solidaridad contenido en el artículo 1º de la Constitución Política, que consideró vulnerados y desconocidos por la entidad accionada al disponer la cancelación de la personería jurídica del partido político del que su esposa era representante legal, sin tener en cuenta su situación de cautiverio.

La Corte Constitucional afirmó que la persona jurídica está protegida con las garantías del Estado Social de Derecho, por lo cual, es titular de algunos derechos fundamentales ejercitables por ellas mismas; y que en sustitución de sus miembros, también puede actuar si la protección que se pretende incide para evitar que derechos fundamentales de las personas naturales asociadas, resulten conculcados con ocasión a la vulneración de los propios.

Sin embargo, lo anterior no significa que todos los derechos fundamentales de la persona humana, resulten aplicables y ejercitables por la persona jurídica a la que pertenecen, ya que aquellos de naturaleza inalienable, por ser privativos de la esencia de la persona natural, les son intransferibles, nunca comunicables; esto porque el contenido de esos derechos resulta totalmente incompatible con la naturaleza propia de persona ficta que son estos entes y con la función específica por la que tienen reconocimiento jurídico para actuar.

Al cotejar los fundamentos fácticos de la actuación con lo indicado en las consideraciones jurisprudenciales del fallo y lo pretendido por la parte accionante, la Corte encontró que no existía una conexidad entre la situación personal de la agenciada y la decisión acusada de vulnerarle derechos fundamentales, por lo que estimó que ésta no se había producido.

Al analizar la situación fáctica, la Corte concluyó que justamente en esta oportunidad, se estaba ante aquellas situaciones en que dicha comunicabilidad no era posible, habida cuenta de la naturaleza personal e intransferible de los derechos fundamentales del ser humano que están afectados.

Examinada por la Corte la situación de la persona afectada por el secuestro, con la crueldad del cautiverio a que ella está sometida efectivamente se encuentran conculcados derechos que le son personalísimos, entre los que se podían destacar el derecho a la integridad personal (artículo 12 CP), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 CP), libertad de conciencia ( artículo 18 ib.), libertad de expresión (artículo 20 ib.), libertad de locomoción ( artículo 24) y libertad personal (artículo 28 ib.), entre otros, con una obvia afectación de la dignidad humana. Pero también resulta claro que para la actividad que la misma podía ejercer en nombre de la colectividad política de la que era representante legal, no se constituía en impedimento insalvable o circunstancia de fuerza mayor que impidiera el ejercicio de los derechos de esa persona jurídica cuando le fue cancelada su personería, en razón a que ésta contaba con otra persona natural suplente, a quien le asistían todas las facultades de representación en ausencia de la principal.

La Corte afirmó que no existe para la persona jurídica la fuerza mayor que constituye la situación de secuestro, porque ella obviamente nunca podrá ser sujeto u objeto del mismo; hay imposibilidad fáctica de que en ella se suceda este hecho y por tanto, jurídica de que en su beneficio emerja tal causal de exculpación.

Observó la Corte que es la misma Constitución Política la que se ocupa de establecer los presupuestos básicos para que esa personería jurídica pueda ser reconocida y por los cuales se pierde, así como la que fija las excepciones. Igualmente, que es la misma norma la que en forma específica y como excepción, reguló las condiciones en que los partidos que ya tuvieran personería jurídica podían conservarla hasta las elecciones siguientes, en que se le aplicarían los requisitos generales para obtenerla; y en este aspecto, es la Constitución la que determinó como beneficiarios de ese tratamiento exceptivo a los partidos que cumplieran, de manera concurrente, con las condiciones de (i) contar ya con personería jurídica reconocida y (ii) tener representación en el Congreso.

El Consejo Nacional Electoral acreditó en la actuación, que el Partido político en cuestión participó en las elecciones para Congreso para el año 2002 y certificó que de acuerdo con la votación a su favor, no obtuvo ninguna curul en la Cámara de Representantes, corporación para la que inscribió candidatos. Este hecho configura entonces, la carencia de uno de los requisitos para que la colectividad mencionada conservara su personería jurídica, de acuerdo con lo atrás señalado, y fue el invocado en el acto acusado como fundamento de la cancelación; en consecuencia, la decisión por este aspecto, se considera ajustada a previsiones de derecho dadas para el proceso de cancelación.

La Corte agregó que por la carencia de la mencionada personería, la agenciada no resulta entonces lesionada en sus derechos fundamentales pertinentes, porque una vez recobrara su libertad, como se esperaba que sucediera, podía pertenecer a otro partido o retomar sus ideas y mando para que, cumpliendo las condiciones constitucionalmente previstas para el efecto, éste se reactivara.

De acuerdo con lo expuesto, la decisión de instancia que negó el amparo fue confirmada por la Corte. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-378-06

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