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Última modificación: 2006-12-20
Las inhabilidades no se aplican por extensión a las cooperativas asimiladas a entidades estatales

El actor instauró acción de tutela contra la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del H. Consejo de Estado, para que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29 CP), al ?ejercicio de funciones públicas? y el ?poder político de elección popular? (artículo 40 CP) y se garantice el respeto del principio de la buena fe (artículo 83 CP).

El actor invocó la supuesta configuración en el presente caso de una vía de hecho por haberse incurrido -en su criterio- en dicha sentencia en i) un defecto orgánico -en tanto afirma que por vía de interpretación se creó judicialmente una inhabilidad no prevista en la ley y por cuanto la sentencia que decretó la nulidad no tuvo la mayoría requerida para ser aprobada; ii) un defecto fáctico en cuanto se le dio la naturaleza de entidad pública a una Cooperativa, sin considerar la prueba de su naturaleza privada según el Registro de la Cámara de Comercio; iii) un defecto sustantivo pues a su juicio se desconoció el artículo 230 superior que ordena a los jueces someterse al imperio de la ley para fundar sus decisiones, ya que en el presente caso la autoridad judicial no se acogió a las normas vigentes que determinan la naturaleza jurídica de las administraciones públicas en forma de Cooperativas -Decreto 1482 de 1989- como personas jurídicas de derecho privado, sino que adoptó su decisión con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia -criterios auxiliares- para establecer su nueva naturaleza jurídica como entes públicos.

La Corte Constitucional, al estudiar el caso, encontró que la Sección Quinta del Consejo de Estado, tratando de armonizar la inhabilidad del numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000 con el parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, había efectuado una interpretación extensiva no permitida para esta clase de procesos sanciona torios, violando en consecuencia el principio de legalidad que los rige.

La asimilación de la Cooperativa a una entidad estatal es ?sólo para los efectos de esta ley? (Ley 80 de 1993), es decir, para fines exclusivamente contractuales, sin que implique consecuencias de carácter electoral para los efectos de las causales de inhabilidad para ejercer cargos de elección popular.

En consecuencia, el que la Sección Quinta se hubiera apartado de la definición que la Ley 79 de 1988 y el Decreto-Ley 1482 de 1989 daba a las Cooperativas y su naturaleza de persona jurídica de derecho privado, y se hubiera remitido al parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993 para concluir que la asimilación de las mismas a entidades estatales, además de los solos efectos contractuales, también implicaba inhabilidades electorales, como la contenida en el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, la hizo incurrir en una violación al principio de legalidad que prohíbe para este tipo de casos la analogía o las interpretaciones extensivas, lo que se traduce en concreto a una vía de hecho por defecto sustantivo.

Para la Corte, el desconocimiento en este asunto del principio de legalidad implicó la consecuente trasgresión al actor del derecho fundamental a ser elegido. Ciertamente, dentro del proceso de nulidad electoral la Sección Quinta del Consejo de Estado optó por la posición más restrictiva al ejercicio del derecho a ser elegido (artículo 40 CN), al remitirse e interpretar el parágrafo del artículo 2° de Ley 80 de 1993, sin considerar la vigencia para estos casos del principio pro homine.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta imputada al actor no conllevaba, por virtud de las normas aplicadas a su caso, a la declaratoria de nulidad de su elección como Gobernador, la Corte revocó la sentencia de tutela proferida por el H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del veinte (20) de octubre del año dos mil cinco (2005), que decidió negar el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al actor, concediendo en su lugar el amparo solicitado en cuanto a los derechos al debido proceso, acceso a cargos y funciones públicas y elegir y ser elegido.

La Corte Constitucional dispuso, a título de restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados al actor, su reintegro al cargo de Gobernador, a fin de culminar su período constitucional, sin perjuicio de que se hubiera o no adelantado un nuevo proceso electoral para elegir gobernador. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-284-06

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