› Observatorio de Justicia Constitucional
» Derecho de Participación Política
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2008-07-30
Competencia del consejo superior para la administración de la carrera notarial por inexequibilidad de la norma que lo derogaba.

El demandante solicita se ?declare la inconstitucionalidad de la parte del artículo 11 de la Ley 588 de 2000 que se refiere a la derogatoria del artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970? pues con ella se vulnera el artículo 131, inciso 2º superior, en concordancia con los artículos 13, 29 y 40 numeral 7º de la Constitución Política. A su juicio, tras la derogatoria del artículo 164 del Decreto 960 de 1970, mediante la norma demandada, ?se hizo desaparecer del mundo jurídico el organismo legalmente competente para organizar la carrera notarial y los concursos de notarios? de manera que se contradijo la voluntad del constituyente de 1991 sobre la constitucionalización de la carrera notarial y la obligación del concurso para el nombramiento en propiedad de los notarios y, en consecuencia, se contrarió el principio de la igualdad en el acceso a la función pública notarial y el debido proceso.

La Corte Constitucional encontró que, si bien en los artículos 2° y 3° de la Ley 588 de 2000 se hace mención al ?organismo competente?, al ?organismo rector de la carrera notarial? y al ?organismo competente señalado por la Ley? para convocar y administrar los concursos así como la carrera notarial, en ninguno de sus artículos se indica cual es ese organismo, al tiempo que la única disposición de la misma ley que se relaciona con este punto es el artículo 11 con el cual se deroga, entre otros, el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970, ?única norma con fuerza de ley en la que se encontraba señalada al expedirse la Ley 588 de 2000 la competencia de un órgano encargado de la administración de la carrera notarial y de los concursos de notarios?.

Al ser derogado dicho artículo 164 del Decreto Ley-960 de 1970 por el artículo 11 de la Ley 588 de 2000 desapareció entonces el Consejo Superior de Administración de Justicia, único órgano establecido por el legislador para convocar y administrar los concursos y la carrera notarial, desaparición que explicaría la inoperancia de la carrera notarial y que es precisamente la que el actor considera como violatoria del artículo 131 constitucional y consecuentemente de los artículos 13, 29 y 40-7 superiores.

Aún cuando la Ley 588 de 2000 se encamina a dar cumplimiento a los mandatos superiores establecidos en el artículo 131 de la Constitución y en ella se señalan para los concursos de méritos una serie de características que responden a los objetivos previstos en la Constitución, es claro que la actuación del Legislador al no señalar de manera concreta cuál era el organismo competente señalado por la ley para convocar y administrar los concursos, así como la carrera notarial y, al mismo tiempo, derogar el único órgano establecido en una norma con fuerza de ley para el efecto, sin crear otro para sustituirlo, -siendo el legislador el único que podía hacerlo dada la clara reserva de ley que existe en este caso- dejó dicha ley sin un elemento indispensable para la realización de los referidos mandatos superiores.

Es evidente que la existencia de un organismo encargado, de acuerdo con la ley, de convocar y administrar los concursos y la carrera notarial es un elemento indispensable para cumplir el mandato expreso de la Constitución, ya que sin él resulta inviable la realización de los referidos concursos, según se desprende del recuento normativo y jurisprudencial efectuado en la sentencia.

La ausencia del concurso para acceder a los cargos de carrera ante la inexistencia de un órgano de creación y régimen legal encargado de administrar los concursos y la carrera notarial genera un tratamiento discriminatorio para todos aquellos que pretendan acceder a la función notarial frente a las personas que están en interinidad (artículo 2 de la Ley 588 de 2000), las cuales se encuentran entonces en una situación de privilegio que, no solo choca con los mandatos superiores del artículo 131, sino que no se compadece con los principios que en la Constitución orientan el ejercicio de las funciones públicas.

Así, dado que ante la imposibilidad de realizar los concursos, la hipótesis excepcional a que alude el artículo 2 de la Ley 588 de 2000 en su segundo inciso, -a saber que ?En caso de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podrá el nominador designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso?-, se convierte en la regla general, es claro que el acceso a la función notarial como consecuencia de la derogatoria del artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970, no solo es imposible hacerlo mediante el procedimiento señalado por el Constituyente, sino que de ello se sigue, de manera necesaria, el desconocimiento de los derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la función notarial, tanto de las personas que ocupan el cargo de notario en provisionalidad, como de los ciudadanos que quieran acceder a ese cargo, en condiciones de igualdad y con base en el mérito, al no existir el órgano que realice los concursos.

Todo lo anterior llevó a la Corte a concluir que la actuación del Legislador de derogar el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970 significó el incumplimiento de una obligación impuesta por la Constitución en el artículo 131 superior; violación directa de dicho texto superior que genera, a su vez, el desconocimiento del derecho a acceder a la función notarial en condiciones de igualdad mediante el procedimiento señalado por el Constituyente (artículos 13, 29 y 40-7 de la Constitución).

En consecuencia, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión ?164? contenida en el artículo 11 de la Ley de 588 de 2000, que comportó que desapareciera del ordenamiento jurídico el único órgano establecido en una norma con fuerza de ley como responsable de la administración de la carrera notarial y de los concursos, derogatoria con la cual la normatividad relativa a los concursos para la provisión en propiedad de los cargos de notario devino inoperante, vulnerando así el artículo 131 superior y consecuentemente las demás normas invocadas por el actor en su demanda (artículos 13, 29, y 40-7 CP).

Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad, el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970 recobra su vigencia en los términos en que se encontraba al momento de la expedición de la Ley 588 de 2000, es decir, tal como él regía luego de la sentencia C-741 de 1998, que declaró su exequibilidad parcial. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-421-06

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-09-12
La acción electoral y la de pérdida de investidura en contra de la misma persona y con base en la misma causal de inhabilidad, admiten decisiones diversas

2013-09-12
La sala plena del consejo de estado al resolver asuntos sobre pérdida de investidura, no impone con carácter de precedente su decisión a la sección quinta, al resolver asuntos contencioso electorales

2013-09-12
La sala plena del consejo de estado al resolver asuntos sobre pérdida de investidura, no impone con carácter de precedente su decisión a la sección quinta, al resolver asuntos contencioso electorales

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede acceder a cada sujeto simplemente haciendo clic en el menú de la parte izquierda de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Derecho de Participación Democrática optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad