› Observatorio de Justicia Constitucional
» Derecho de Participación Política
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2008-07-31
El nominador no puede exigir requisitos adicionales para la posesión, una vez superado el concurso de meritos

La Corte Constitucional estudió los hechos presentados alrededor del procedimiento de toma de posesión de la accionante al cargo de escribiente del Juzgado Civil Municipal, con el fin de determinar si la titular de dicho despacho desconoció los derechos fundamentales de la accionante.

En sentir de la Corte, una vez superadas las etapas del concurso, no resulta procedente introducir en el proceso de selección factores de evaluación distintos, toda vez que tal comportamiento resulta contrario al principio de igualdad proclamado en el Preámbulo y en el artículo 13 de la Constitución Política. De acuerdo con esta posición, resulta prohibido al nominador o aquél funcionario encargado de la designación del funcionario, establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos.

El artículo 156 de la Ley 270 de 1996 centra la carrera judicial en el carácter profesional de sus funcionarios y en consecuencia sólo el mérito, establecido mediante concurso público, es el factor para el ingreso y permanencia en un cargo público. La Corte afirmó que, una vez superadas las etapas del concurso, no resultaba procedente introducir en el proceso de selección, factores de evaluación distintos y, en consecuencia, no era posible para el nominador exigir requisitos adicionales para efectos de tomar posesión del cargo, tales como lo sería la toma de un curso de capacitación. La Corte reiteró que aquél ciudadano que se encuentre en la lista de elegibles para la provisión de empleos de carrera no cuenta con una mera expectativa, sino que ha adquirido un derecho que debe ser respetado.
La Corte encontró plenamente probado dentro del expediente que la titular del Juzgado pretendió solicitar el requisito adicional de la toma de un curso por parte de la accionante para efectos de su posesión. Lo anterior, resultaba a todas luces improcedente, toda vez que al haber superado las etapas del concurso se presumía que se habían seleccionado los más aptos para el cargo. Así mismo, una vez remitida la lista de elegibles, la Juez tenía la obligación de proceder a la posesión sin más requisitos.
En tal sentido la Corte encontró que la Juez Civil Municipal ejerció sus facultades como nominadora en forma subjetiva, desconociendo las circunstancias que rodearon la situación, defraudando la confianza depositada por la accionante y abusando del las facultades que la ley le confiere.

En efecto, la titular del despacho judicial omitió su deber de informar a la accionante sobre el trámite a seguir para efectos de la posesión de un cargo de su despacho, a pesar de los múltiples requerimientos de ésta. En esta medida la Juez desconoció el derecho fundamental de petición que se ejerce por los ciudadanos en forma oral o escrita, más cuando se trata del acceso a cargos públicos, estando de por medio el derecho al trabajo de la accionante.

En segundo término, la conducta desplegada por la Juez Civil Municipal desconoció el principio de la confianza legítima que está íntimamente ligado con el principio de la buena fe, que exige a las autoridades y a los particulares, mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico. En este sentido, la tutelante fue informada por parte del Consejo Seccional de Judicatura de los documentos necesarios para la toma de posesión, sin embargo en la lista suministrada, la cual obra como prueba dentro del expediente, no contenía el recibo de consignación del 3% de un salario mínimo legal vigente para obtener la información del Boletín de los Deudores Morosos del Estado como lo exige el parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de 2003, ni la declaración juramentada de no ser deudor del Estado, o en su defecto, haber suscrito acuerdo de pago vigente.

Pese a que, en efecto, el artículo de la Ley 863 de 2003, modificado por el artículo 2 de la Ley 901 de 2004, establece en su parágrafo 3 la obligación de adjuntar para la toma de posesión del cargo el recibo de consignación para efectos de obtener la información del Boletín de Deudores Morosos, la Juez tenía el deber de informar a la peticionaria de dicha situación con el fin de subsanar tal error, pudiendo, si era el caso, otorgarle un término adicional para la presentación de documentos, teniendo en cuenta la actitud diligente de la accionante.

En efecto, la Juez demandada tuvo una actitud negligente, pretendiendo sorprender a la accionante en último momento con el fin de dificultar su acceso al cargo público, por que en su opinión ?la accionante no se encontraba capacitada para ejercerlo?.

En consecuencia, la Corte Constitucional dispuso ordenar a la Juez Civil Municipal: (i) que tuviera en cuenta la documentación presentada por la accionante para efectos de la posesión del cargo de Escribiente Grado 06 del Juzgado Civil Municipal; (ii) que, si era el caso, le señalara cualquier documentación que le hiciera falta a la actora, para llevar a cabo la posesión del cargo. Para tal efecto, la Juez debía conceder el término de 8 días, con el fin de allegar todos los documentos solicitados; y (ii) una vez radicada la documentación completa, la funcionaria debería proceder, en forma inmediata, a tomar posesión del cargo de Escribiente Grado 06 a la accionante, sin que fuera posible la exigencia de requisitos adicionales para el efecto. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-313-06

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-09-12
La acción electoral y la de pérdida de investidura en contra de la misma persona y con base en la misma causal de inhabilidad, admiten decisiones diversas

2013-09-12
La sala plena del consejo de estado al resolver asuntos sobre pérdida de investidura, no impone con carácter de precedente su decisión a la sección quinta, al resolver asuntos contencioso electorales

2013-09-12
La sala plena del consejo de estado al resolver asuntos sobre pérdida de investidura, no impone con carácter de precedente su decisión a la sección quinta, al resolver asuntos contencioso electorales

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede acceder a cada sujeto simplemente haciendo clic en el menú de la parte izquierda de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Derecho de Participación Democrática optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad