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Última modificación: 2008-07-31
Sólo puede acceder al curso de formación judicial quien obtenga los mayores puntajes en la fase de oposición del concurso de méritos de la rama judicial

En los términos del Acuerdo 1.549 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el accionante fue admitido al XII Concurso de Méritos para la Provisión de Cargos de Carrera de la Rama Judicial, para los cargos de Juez Penal del Circuito y Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no obstante lo cual no fue admitido al curso de formación judicial, por cuanto de conformidad con el citado acuerdo 1.549 de 2002, solo un número de aspirantes equivalente a la cantidad estimada de vacantes adicionada en un 25% tendrían acceso a dicho curso.

Para el accionante, el no habérsele permitido continuar en la siguiente etapa del concurso de méritos resulta violatorio de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo, al acceso a los cargos públicos y a la igualdad, entre otros, y, adicionalmente, el ?Curso-Concurso? del que fue excluido es abiertamente violatorio de la Constitución.

Para la Corte, los distintos factores que de conformidad con el Acuerdo 1549 de 2002 integran la Fase de Oposición del Concurso tienen significación para evaluar el mérito de los aspirantes y su aptitud para el ejercicio de la función judicial. No es, por consiguiente, contrario a la Constitución, que la valoración conjunta de la totalidad de esos factores, dentro de una ponderación razonable de los mismos, se tome como base para seleccionar los aspirantes que serán llamados a la siguiente fase del concurso.

En efecto, el Acuerdo 1549 de 2002, de manera expresa dispone que: ?Sólo los aspirantes que obtengan los mayores puntajes en la Fase I, hasta la cantidad estimada de vacantes existentes al momento de expedirse el Registro de Elegibles y de las que se produzcan dentro del término de vigencia del mismo, adicionadas en un 25%, continuarán en el concurso y serán convocados a participar en el Curso de Formación Judicial.? En la misma convocatoria se señalaron de manera clara y precisa los puntajes asignados a cada una de los aspectos evaluados durante la Fase de Oposición. De tal manera, resultaba claro, de acuerdo con la convocatoria, que al curso de formación judicial sólo accederían aquellos concursantes que hubiesen obtenido los puntajes más altos en la Fase de Oposición, los cuales resultaban de la sumatoria ponderada de todos los aspectos evaluados.

Encuentra la Corte que no se está en el presente caso ante una actuación concreta de las autoridades al margen de la normatividad del concurso, y, por consiguiente, la pretendida violación de los derechos fundamentales del actor sólo podría provenir del hecho de que tal normatividad, en si misma considerada, resulte contraria a los principios y valores constitucionales, y afecte gravemente al accionante en el caso concreto.

El estudio realizado por la Corte en esta providencia no muestra que, en principio, el sistema previsto en el Acuerdo 1549 de 2002 para seleccionar a los aspirantes que accederían al Curso de Formación Judicial sea contrario a la Constitución. Por el contrario, ese desarrollo reglamentario parece responder de manera clara a los postulados constitucionales que gobiernan los procesos de selección, en la medida en que se orienta, en etapas sucesivas, a integrar el Registro de Elegibles para los cargos de carrera en la Rama Judicial, con las personas que hayan obtenido las más altas calificaciones en el Concurso.

A este respecto cabe anotar que el puntaje a partir del cual se establece el número de aspirantes admitido al Curso de Formación Judicial, no se ha fijado de una manera arbitraria, sino que responde a criterios objetivos, que consultan tanto los requerimientos de la Administración de Justicia, al seleccionar un número suficiente de aspirantes para suplir las vacantes que existan o que lleguen a presentarse; la racionalidad del concurso para evitar incorporar al curso a un número de personas excesivo en relación con las vacantes disponibles; y la escasez de recursos que impone limitar el número de aspirantes admitidos al curso, que comprende no sólo módulos de formación, sino también pasantías, modalidades que, una y otra, imponen una restricción en cuanto al número de personas que pueden acceder a ellas.

En la medida en que el desarrollo realizado en el Acuerdo 1549 de 2002 no es en si mismo contrario a la Constitución, se está ante una actuación administrativa amparada por la presunción de legalidad, cuya aplicación al caso concreto no puede, entonces, considerarse per se violatoria de derechos fundamentales y, por consiguiente, el examen de su adecuación a la ley escapa del ámbito de la acción de tutela, sin que quepa disponer su inaplicación por esta vía. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-384-05

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