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Última modificación: 2006-12-21
Derecho preferente a ocupar nuevos cargos judiciales de quienes desempeñaban los cargos suprimidos, respecto de quienes integran la lista de elegibles

La demandante plantea que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, al estipular en el convenio interadministrativo celebrado por dichas entidades para el traslado de cargos de la Fiscalía a la Rama Judicial, que en los cargos trasladados se incorporaría al personal que los venía desempeñando en la Fiscalía, vulneraron sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana. Lo anterior por cuanto entre los cargos trasladados de la Fiscalía General de la Nación a la Rama Judicial figuran cinco Fiscalías Delegadas ante Tribunal de Distrito que se convirtieron en Magistraturas de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá DC, categoría de cargo para el cual la accionante había concursado años antes, ocupando el primer lugar en la lista de elegibles.

La Corte Constitucional argumentó que cuando se presentaban nombramientos en provisionalidad en nuevos cargos judiciales derivados de traslados facultados por la Constitución para la implementación del sistema acusatorio, no se vulneraban los derechos fundamentales de quienes se encontraban en una lista de elegibles destinada a proveer otros cargos existentes, con notoria anterioridad, en la misma Rama Judicial.

Al respecto, la Corte señaló que, en un principio, la accionante contaba con otro mecanismo de defensa judicial, cual era acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el propósito de instaurar una acción de nulidad y restablecimiento contra el convenio interadministrativo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. En efecto, en lo que concierne a la validez del acuerdo celebrado entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, su eventual cuestionamiento no es un asunto que pueda ser resuelto en sede de tutela.

En este orden de ideas, la Corte encontró que a la accionante no se le vulneró su derecho fundamental de acceso a cargos públicos por cuanto el concurso de méritos en el cual había participado, y en cuya lista de elegibles ocupaba el primer lugar, tuvo como finalidad proveer unos determinados cargos públicos existentes en aquel entonces; por el contrario, el acto administrativo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura buscaba instrumentalizar la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, para lo cual, fue necesario llevar a cabo ciertos traslados de cargos y de talento humano, creándose así unos nuevos cargos, cuyos titulares además de todo, fueron nombrados en provisionalidad, con lo cual aquéllos deberán ser sometidos a un concurso de méritos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-132-06

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