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Última modificación: 2006-12-21
La postulación de candidatos a integrar la comisión del servicio civil por parte de las ramas del poder público no compromete su autonomia

El demandante considera que el parágrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 909 de 2004 vulnera el artículo 130 de la Constitución Política. Según el actor, la disposición transitoria que consagra un procedimiento excepcional para la designación de los tres primeros miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio de concurso de méritos entre los quince candidatos postulados por el Defensor del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia y la agremiación más representativa de las universidades públicas y privadas, desconoce abiertamente el carácter autónomo e independiente que le fue otorgado por el propio texto constitucional, pues la intervención de la Rama Judicial y del Ministerio Público en la postulación de los candidatos afecta su naturaleza y el desempeño de sus funciones de forma imparcial.

La Corte Constitucional expresó que, de lo preceptuado por el artículo 130 de la Constitución Política y de la interpretación que de dicho texto superior hizo la misma Corporación, la Comisión Nacional del Servicio Civil debía ser estructurada por el legislador a partir de las siguientes características: se trata de un ente autónomo e independiente de aquellos consagrados en el artículo 113 de la Carta Fundamental, de carácter permanente, con competencia a nivel nacional, que no hace parte del Ejecutivo ni de ninguna de las Ramas del Poder Público y que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Es, así mismo, un órgano técnico encargado de modo específico de dirigir, administrar y vigilar el sistema de carrera administrativa contemplado en el artículo 125 constitucional.

El legislador, con base en los criterios referidos, expidió la Ley 909 de 2004, derogatoria de la Ley 443 de 1998, y en ella consagró un capítulo relativo a la Comisión Nacional del Servicio Civil, su naturaleza, composición, procedimiento para la designación de sus miembros, su período de desempeño, el régimen a ellos aplicable, sus funciones de vigilancia y administración de la carrera administrativa, y, su organización y estructura.

La mencionada ley también contempló una norma transitoria para la designación de los tres primeros miembros de la Comisión, esto es, únicamente aplicable a fin de llevar a cabo su conformación por la primera vez.

A juicio de la Corte, la participación de la Corte Suprema de Justicia (Rama Judicial) y del Defensor del Pueblo (Ministerio Público) en la postulación de candidatos para el concurso de méritos entre los quince aspirantes a conformar la Comisión no implica una afectación a la autonomía e independencia que deben caracterizarla. De hecho, altos funcionarios de organismos autónomos e independientes (CP artículo 113) como el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la República y el Contralor General de la República son designados de ternas presentadas por organismos o funcionarios de las ramas del poder público, sin que ello comprometa su autonomía e independencia frente a éstas últimas.

Además de lo anterior, y precisamente con el fin de garantizar el carácter autónomo e independiente de la Comisión, la norma de transición fue establecida teniendo en cuenta ciertos controles sobre las calidades de los candidatos como garantía de imparcialidad de los mismos, estipulando que los miembros de este organismo estarán sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los ministros de Despacho. Igualmente, señaló que entre los quince candidatos postulados por la Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo y la agremiación más representativa de las universidades públicas y privadas se hará un concurso de méritos para la designación de sus tres miembros, y estableció que en ningún caso podrían participar en la postulación y designación personas que se hallaren dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal o quien estuviera ligado por matrimonio o unión permanente respecto de los candidatos.

La Corte concluyó a partir del análisis efectuado que la medida transitoria acusada es una medida justificada al tenor de la validez del fin perseguido. Esto, por cuanto al legislador le está permitido dentro de un marco de respeto de los principios constitucionales, determinar normas de transición cuando estableciera una nueva estructura en una institución. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-109-06

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