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Última modificación: 2006-12-21
El proceso de consulta previa debe surtirse para dirimir diferencias entre comunidades de la misma etnia

Los accionantes en su calidad de Gobernador y Vice-Gobernador del Cabildo Indígena Yanacona Villamaría de Mocoa interpusieron tutela en contra del Alcalde Municipal de Mocoa y su Secretaria de Gobierno, por considerar que dicha autoridad municipal les había violado sus derechos fundamentales de petición, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, debido proceso y el principio de respeto y reconocimiento a la diversidad étnica y cultural.

Señalaron que como miembros del Pueblo Indígena Yanacona, originario del Departamento del Cauca, los integrantes del cabildo Yanacona Villamaría de Mocoa, luego de obtener el aval de su Cabildo Mayor localizado en la ciudad de Popayán y de la Organización Zonal Indígena de Putumayo -0ZIP solicitaron del alcalde accionado el reconocimiento señalado en el artículo tercero de la Ley 89 de 1890. No obstante, dicho funcionario no accedió a tal petición por cuanto previamente ya había efectuado un reconocimiento a otras autoridades de ese Cabildo Indígena Yanacona Villamaría. El accionante, señala que dicho ?cabildo y autoridades reconocidas? corresponde a un grupo de familias que se separaron de su parcialidad indígena y que de manera abusiva usurparon su nombre y su derecho como cabildo.

En vista de tal situación, los accionantes, mediante derecho de petición, solicitaron al Alcalde de Mocoa la revocatoria del acto por el cual reconoció otra persona como gobernador del Cabildo Yanacona de esa municipalidad y que proceda en cambio, a reconocerlos a ellos como autoridades legítimas.

Nuevamente, el alcalde se negó a esta petición por cuanto el término en la cual procedía la revocatoria del acto de posesión del mencionado cabildo ya se encontraba vencido y segundo, por cuanto no se puede dar posesión a dos gobernadores de un mismo cabildo.

La Corte observó que la parcialidad indígena del Pueblo Yanacona, localizada en el Municipio de Mocoa, vereda de Anamú, presentaba una división al interior de su organización social y política, lo que llevó a que un grupo de las familias optaran el 30 de mayo de 2003 por separarse del grupo mayoritario en razón a diferencias en la administración de la parcialidad. Como consecuencia de ello, solicitaron la devolución de la documentación correspondiente y la cancelación de su inscripción del censo de tal comunidad indígena.

Consideró la Corte que, al encontrarse enfrentado a un conflicto de estas características en donde están en juego los intereses de la comunidad indígena Yanacona, el Alcalde municipal de Mocoa (Putumayo) debió de manera inmediata proceder a convocar a una consulta a las partes involucradas tal y como lo dispone el Convenio 169 de 1989 la OIT aprobado por la Ley 21 de 1991.

No obstante, el accionado se limitó a poner en conocimiento del gobernador y de los demás miembros del cabildo ya reconocidos, los documentos aportados por los accionantes a fin de que se pronunciaran sobre los mismos, medida que de todos modos no responde a la obligación que le impone la Ley 21 de 1991, pues el mecanismo de consulta debe facilitar la participación activa de todos los miembros de la comunidad Yanacona asentada en su municipio, así pertenezcan a uno u otro de los grupos en que dicha comunidad se encuentra dividida.

De esta manera, la Corte encontró que con su actuación, la autoridad municipal accionada desconoció el principio constitucional según el cual el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación y vulneró igualmente el derecho al debido proceso de los accionantes, pues el proceso de consulta señalado en la Ley 21 de 1991 debió haberse adelantado de manera previa, respetando en todo momento los usos y costumbres del pueblo indígena Yanacona.

Por lo anterior, el Alcalde de Mocoa vulneró los derechos a la diversidad e integridad étnica y cultural y al debido proceso de los accionantes. En consecuencia, la Corte le ordenó que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, iniciara el proceso consultivo con la comunidad correspondiente al pueblo Yanacona

Con el fin de respetar el derecho del pueblo a ser consultado previamente sobre la consulta atinente a las decisiones que lo afecten, el Alcalde Municipal de Mocoa, con la asesoría del Instituto Colombiano de Antropología, debería consultar a dicho pueblo en los treinta (30) días iniciales, el procedimiento de la consulta y, concluido éste, podría adelantar la consulta definitiva en los términos acordados.

Finalizado el proceso consultivo, el Alcalde Municipal de Mocoa, debería pronunciarse acerca del Cabildo del Pueblo Yanacona Villamaría de Mocoa y de sus representantes. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-737-05

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