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Última modificación: 2007-05-02
Los terceros que no fueron parte en el proceso electoral no pueden impugnar la sentencia en sede de tutela

Dos personas a través de sendas acciones de tutela solicitaron a los jueces dejar sin efecto una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado que ordenó excluir de las elecciones al Senado de la República los votos de una mesa de un municipio por considerarlos afectados por fraude electoral.

El primer accionante consideró que con esa decisión se le habían vulnerado sus derechos a elegir y a su buen nombre pues la sentencia se había fundamentado en una información errada suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que se decía que el número de cédula registrado por él en la planilla de votación le correspondía a otra persona. El segundo accionante consideró que esa decisión le había vulnerado su derecho a ser elegido, pues en esa mesa se habían registrado 161 votos a favor suyo ?incluido el del primer accionante- que le habrían permitido acceder a una curul del Senado al superar la votación del último aspirante incluido en la lista de elegidos.

Al revisar los procesos de tutela, la Corte observó que en las demandas no se hacía referencia alguna de participación activa de los actores en el proceso electoral, ni se describían situaciones que les hubieren limitado o impedido ejercer su derecho de acción o de contradicción, como demandantes o intervinientes, en las diferentes etapas de la actuación judicial. La Corte consideró que la abstención voluntaria de los accionantes de participar activamente en el proceso que tenían a su alcance para discutir sus respectivos derechos a elegir y ser elegido y ocupar cargos públicos, eliminaba la posibilidad de buscar, luego de un fallo definitivo, que el juez de tutela interfiriera sobre la cosa juzgaba que amparaba dicha decisión, menos aún, sin la participación de todos los que allí habían intervenido.

La Corte destacó que el interesado en discutir el acto de elección o nombramiento debía acudir a la acción electoral, pues ésta formaba parte del conjunto de garantías constitucionales y legales que ponía a su disposición la organización de los medios electorales, no sólo para hacer efectivo el derecho al voto en su doble dimensión (elegir y ser elegido), sino para dotar de seguridad jurídica definitiva el resultado electoral, de forma que los diversos actores que intervinieran en la elección y la ciudadanía en general, pudieran actuar y ordenar sus expectativas de conformidad con dicho resultado.

También advirtió que por tratarse de una acción pública de nulidad, la sentencia en el proceso electoral tiene efectos erga omnes y, por ende, cobijaba incluso, desde el punto de vista electoral, a todos aquéllos que pudiendo haber participado en el proceso, se habían marginado voluntariamente del mismo o no habían concurrido a él. Pues, en tal sentido, el artículo 223 del mismo código ordena notificar la demanda por edicto y dispone, además, que ?si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se pretende?, lo que daba plena publicidad al proceso electoral desde su iniciación, que luego legitimaba su efecto y oponibilidad general.

Por otro lado, la Corte descartó que se hubiera incurrido en alguna vía de hecho dentro del proceso electoral o que se hubiera vulnerado el buen nombre del accionante cuyo número de cédula aparentemente no le pertenecía, pues la decisión del Consejo se había fundado en que tal persona no estaba autorizada para sufragar en esa mesa y no en que no fuese la misma persona que se acreditaba con la cédula. Ésto, unido a la improcedencia de la acción de tutela para atacar un fallo definitivo proferido dentro de un proceso electoral, llevó a la Corte a denegar la protección invocada. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-510-06

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