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Última modificación: 2007-05-02
No es necesario sustentar el recurso de apelación contra sentencias proferidas en procesos de nulidad electoral

Los actores interpusieron la acción de tutela contra la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por haber incurrido en vía de hecho al proferir la sentencia mediante la cual declaró la nulidad del acto que eligió a una alcaldesa municipal para el periodo 2004 ? 2007. Sostuvieron los tutelantes que el fallo vulneró los derechos constitucionales fundamentales de la elegida y de los ciudadanos que ejercieron el derecho al voto.

Argumentaron que la vía de hecho se reflejó en que la citada Sección tramitó un recurso de apelación, sin que el mismo hubiere sido sustentado tal como lo exige el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil. Sostuvieron que en su lugar se acudió al artículo 357 de ese estatuto, disposición que no es aplicable al caso en estudio, en tanto este artículo se refiere a los límites de actuación que se le impone al juez en el trámite del recurso de apelación y no al trámite del recurso en sí mismo. Para los tutelantes existía norma específica que obligaba a la sustentación del recurso, esto es, el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, al igual que el 212 del Código Contencioso Administrativo, relacionado con la apelación de sentencias.

También aseguraron que la Sección demandada había incurrido en vía de hecho al declarar la nulidad de la elección de la señora alcaldesa, en tanto había considerado que incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 2º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 por cuanto desempeñó autoridad civil y administrativa al ejercer el cargo de representante de un Ministro durante el año anterior a su elección. Según el accionante, esta decisión resultaba caprichosa en tanto la función cumplida no había implicado el ejercicio de autoridad civil o administrativa.

Vista la actuación de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Corte Constitucional consideró que ésta no había incurrido en una vía de hecho, en tanto se trataba de un conflicto en cuanto a la interpretación y aplicación normativa, que no implica arbitrariedad. El Consejo de Estado partió de la inexistencia de una norma específica que regulara el trámite del recurso de apelación en el proceso de nulidad electoral, para lo cual recurrió a la jurisprudencia emanada de dicha corporación, que ha sido reiterativa en el tema. Así, la jurisprudencia de esa sección ha señalado que sustentar el recurso de apelación no es un requisito ineludible, para la procedencia de tal impugnación.

De lo que se deduce que el Consejo de Estado tiene establecido que no existe una norma precisa aplicable a los requisitos y oportunidad para interponer el recurso de apelación en los procesos de nulidad electoral y por tanto ha acudido a otras normas, tanto del mismo ordenamiento Contencioso Administrativo, como del Procedimiento Civil, dependiendo del tema específico a aplicar.

Ante el vacío normativo, el Consejo de Estado entendió que debía aplicarse el artículo 357 y no el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil. En términos razonables, no puede exigírsele al Consejo de Estado, máximo intérprete de la normatividad de lo contencioso administrativo, que aplique una norma que para el caso no está claramente determinada, en tanto el Código Contencioso Administrativo no establece un precepto específico para el caso concreto, procediendo entonces la remisión a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y, en tal caso, el Consejo de Estado entendió que en beneficio del apelante debía aplicar el 357 del referido estatuto.

De otro lado, también la Sección Quinta ha manifestado que el proceso de nulidad electoral encierra un interés superior que involucra las altas aspiraciones del Estado, por tanto no es obligatorio sustentar el recurso de apelación al momento de interponerlo y por consiguiente su omisión no acarrearía la deserción, siempre y cuando la parte recurrente se encuentre legitimada.

Para la Corte, si bien las sentencias del Consejo de Estado citadas son anteriores a la Ley 794 de 2003, se extracta de los argumentos expuestos por la Sección Quinta una interpretación acorde con el interés público del Estado, en tanto la acción de nulidad electoral implica el estudio de una vulneración de un interés superior, que cobija a todos los ciudadanos que con su ejercicio del derecho al voto decidieron el destino de la región.

La Sección Quinta argumentó, con base en los documentos enviados por el Ministerio que las funciones que ejerció la señora alcaldesa sí implicaron el ejercicio de autoridad civil y administrativa, conforme a los artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 1994, acorde además con la jurisprudencia de la propia Sección. Explicó que las funciones de representar legal o judicialmente a la Nación - Ministerio-, y cumplir las funciones que le asignen las normas vigentes relacionadas con un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales implicaban dicho ejercicio.

En tanto la actuación de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no era arbitraria, la Corte Constitucional confirmó el fallo proferido por esa corporación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-780-06

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