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Última modificación: 2007-05-22
Deber de reservar los recursos no ejecutados girados por la nación con destino a las comunidades indígenas

Los actores instauraron acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia ?Dirección de Etnias -, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación así como contra la Alcaldía municipal. Según los peticionarios, las entidades mencionadas han incurrido en actuaciones y omisiones por medio de las cuales se les ha impedido a las comunidades asociadas en Wayuu Araurayuu percibir y ejecutar los recursos que por concepto de participaciones en los ingresos corrientes de la Nación les corresponden con cargo a las vigencias fiscales de los años 1999, 2000, 2001 y 2002 y, en consecuencia, han desconocido su derecho constitucional fundamental al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y, de paso, su derecho a la dignidad humana, a la salud, a la educación, a la igualdad (a no ser discriminados por razones culturales).

La Corte Constitucional observó que durante la vigencia de la Ley 60 de 1993 así como luego de la puesta en vigor de la Ley 715 de 2001, son los Municipios quienes están facultados para administrar los recursos que por participaciones le correspondan a los Resguardos asentados dentro de la jurisdicción del respectivo Municipio. La Alcaldía, advirtió la Corte, no puede en ningún caso hacer un uso discrecional de estos recursos. Los recursos deben ser destinados de manera exclusiva a inversiones con las cuales se ofrezca un beneficio a la población indígena, previa la celebración de un contrato entre el Municipio o Municipios y las autoridades del Resguardo. Sólo en el evento en que los Resguardos se constituyan en entidades territoriales pueden administrar directamente los recursos.

La Corte argumentó que el derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas implica:

(i) Que se garantice a los Resguardos la posibilidad de conocer cuál es el monto de los recursos de que disponen.

(ii) Que se asegure a los Resguardos su derecho a participar de manera libre, informada y activa en el diseño del Plan de Inversiones y en el control sobre la forma en que la Alcaldía administra y ejecuta esos recursos.

(iii) Que las entidades nacionales y territoriales permanezcan atentas respecto de los destinos de estos recursos por cuanto existe en su cabeza un grupo de obligaciones que no se restringe únicamente a la distribución y pago oportuno de los mismos. Esta obligación se extiende también a tareas de apoyo, asesoría, seguimiento, evaluación y control sin el cumplimiento de las cuales el derecho a participar de modo libre, informado y activo en aquellos asuntos que puedan afectar el derecho constitucional fundamental de los pueblos indígenas al reconocimiento y debida protección de su diversidad étnica y cultural se hace imposible.

(iv) Que el trabajo de apoyo, asesoría, seguimiento y evaluación por parte de las entidades nacionales y territoriales sea de naturaleza preventiva y se efectúe de manera continua y no sólo esporádicamente. Esta actividad está relacionada, por tanto, con varios aspectos dentro de los cuales se destaca, de un lado, la necesidad de elaborar planes de divulgación de la legislación vigente así como la obligación de capacitar a los Resguardos y a las Entidades involucradas con el manejo de los recursos que les pertenecen para que estos se inviertan de modo efectivo y se garantice con ello la realización de la metas propuestas por el Resguardo. Implica, de otro lado, exigir balances periódicos de avances y resultados así como respuestas orientadas a cumplir con la realización de los derechos constitucionales fundamentales en juego. Con ello se busca que las distintas entidades participen de manera activa en la realización de los derechos así como evitar que los recursos necesarios para tales efectos se desvíen o se inviertan de manera irregular.

La Alcaldía no podía alegar, como en efecto lo hizo, que debía abstenerse de firmar los convenios de la manera en que lo solicitó el Resguardo esgrimiendo como excusa que eso significaría atentar contra el principio de anualidad del presupuesto. La Corte advirtió que este principio no tiene aplicación en el caso bajo examen. Por el contrario, la Alcaldía municipal ha debido reservar los recursos girados y no ejecutados y, en tal sentido, asegurar que los recursos estuvieran disponibles para poderlos ejecutar en el momento en que se firmara el respectivo convenio interadministrativo. Al dejar de hacerlo, la Alcaldía incurrió en una grave omisión respecto del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias.

La Corte encontró que, tratándose de sumas ciertas que no estaban bajo discusión ?pues fueron debidamente giradas?, debían ser repuestas por las entidades del nivel nacional, departamental y municipal, quienes de manera injustificada, en virtud de sus acciones o de sus omisiones contribuyeron a desconocer los derechos constitucionales fundamentales de la Comunidad Indígena Wayuu Araurayuu.

Dada la importancia que tienen los recursos dejados de percibir por el Resguardo para la obtención del amparo efectivo ?y no meramente formal- del derecho fundamental al reconocimiento y debida protección de los pueblos indígenas, la Corte ordenó que la Nación, el Departamento y el Municipio aportaran cada uno un tercio de los recursos que, por concepto de la participación en los Ingresos Corrientes de la Nación, correspondían al Resguardo Wayuu Araurayuu para las vigencias 1999, 2000, 2001, 2002, recursos éstos, que ?de acuerdo con los documentos que obraban como prueba en el expediente- se dejaron de invertir en beneficio del Resguardo sin que mediara justificación alguna. La Corte advirtió que estas entidades podrían, luego, repetir contra los funcionarios que, obrando de manera dolosa o gravemente culposa, omitieron destinar los recursos para los fines que la Constitución y la Ley lo habían previsto.

Con el fin de regular el modo como habrán de ponerse los recursos a disposición del Resguardo, de forma que esto no suceda de una sola vez y evitar así generar desajustes macroeconómicos o propiciar un manejo desordenado de los recursos que pueda conducir a despilfarros, estimó la Corte necesario establecer que los recursos correspondientes a las distintas vigencias debían dedicarse a inversiones en el Resguardo de manera gradual. En este sentido, los recursos que por concepto de la participación en los Ingresos Corrientes de la Nación correspondían al Resguardo Wayuu Araurayuu para las vigencias 1999, 2000, 2001, 2002, debían ser invertidos en un plazo de cinco años contados a partir de la notificación de la sentencia. Para tales efectos, el Resguardo debía suscribir convenios interadministrativos con la Alcaldía del municipio, en armonía con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y sus disposiciones reglamentarias. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-704-06

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