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Última modificación: 2007-07-25
La indebida celebración de contratos puede originar indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de investidura parlamentaria

El demandante, presentó acción de tutela contra una sentencia de revisión proferida por el Consejo de Estado por violación de los derechos al debido proceso (Art. 29 C.P.), participación, ejercicio y control del poder político (art. 40 C.P.) e igualdad (art. 13 C.P.), aduciendo que se vulneró su derecho al debido proceso, al haber sido acusado de ?indebida destinación de dineros públicos? y perder su investidura con fundamento en una aparente ?celebración indebida de contratos?, desconociéndose con ello, el carácter restrictivo y taxativo de las causales de pérdida de investidura, al haber sido despojado de su credencial con base en una causal inexistente en el ordenamiento jurídico.

La interpretación del Consejo de Estado tendiente a considerar que en algunos casos la indebida contratación pública puede ser un medio para incurrir en indebida destinación de dineros públicos, no es una interpretación arbitraria o irrazonable porque: (a) no existe un contenido constitucional de la causal invocada que impida al Consejo de Estado una interpretación normativa en ese sentido específico según la Carta. (b) Dado que el proceso penal y el de pérdida de investidura se refieren a dos responsabilidades distintas, el Consejo de Estado no está obligado en su interpretación, a acoger las explicaciones normativas que en el proceso penal se le den a la causal de indebida destinación de dineros públicos. (c) Considerar que la indebida celebración de contratos, puede ser uno de los medios que promuevan o permitan la indebida destinación de dineros públicos, no es en consecuencia una interpretación arbitraria, menos aún cuando en varios de los casos enunciados en la jurisprudencia se probó que la indebida destinación de dineros públicos tuvo lugar a través de actividades contractuales irregulares, en forma directa o indirecta. nota 1

1. Corte Constitucional, Sentencia T-086-07