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Última modificación: 2007-07-25
Inexistencia de una vía de hecho judicial cuando la controversia procesal ha incluido los hechos que constituyen la causal de pérdida de investidura

El demandante, presentó acción de tutela contra una sentencia de revisión proferida por el Consejo de Estado por violación de los derechos al debido proceso (Art. 29 C.P.), participación, ejercicio y control del poder político (art. 40 C.P.) e igualdad (art. 13 C.P.), aduciendo que se vulneró su derecho al debido proceso, al haber sido acusado de ?indebida destinación de dineros públicos? y perder su investidura con fundamento en una aparente ?celebración indebida de contratos?, desconociéndose con ello, el principio de congruencia del proceso.

La Corte consideró que dadas las conclusiones sobre la no afectación del principio de legalidad no se puede considerar vulnerado el principio de congruencia procesal, por varias razones: (a) Los cargos presentados por el ciudadano en el proceso de pérdida de investidura como justificantes de la causal de indebida destinación de dineros públicos, fueron cargos orientados precisamente a alegar fallas en el trámite de contratación realizado por la Mesa Directiva a la que pertenecía el parlamentario. Por consiguiente, el aspecto contractual fue objeto de controversia a lo largo del proceso, ya que efectivamente se entabló dentro de la litis un debate sobre quien era o no el responsable de cumplir las exigencias legales de la contratación, con ocasión a los acuerdos celebrados en ese mes, por la Cámara. (b) Los hechos invocados por el demandante, la imputación de la conducta indebida y la controversia procesal sobre la misma, así como la sentencia sancionatoria, tuvieron como fundamento las autorizaciones contractuales avaladas por la Mesa Directiva de la Cámara y la destinación de dineros a través de procesos contractuales, que desconocieron, según se alegaba, deberes mínimos en materia de contratación pública.

Por estas razones la Corte encontró que el cargo dirigido a justificar la incongruencia de las sentencias de pérdida de investidura y de revisión, no debía prosperar ya que frente a los hechos invocados en materia de contratación el actor efectivamente había tenido la oportunidad de controvertirlos y así se consideró en ambos procesos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-086-07

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