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Última modificación: 2007-07-26
El período del alcalde electo no se modifica por renuncia anticipada de quien ejerce el cargo

El actor fue elegido alcalde en las elecciones territoriales generales celebradas el día 26 de octubre de 2003, para el periodo típico comprendido entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. Sin embargo, su elección fue demandada en acción de nulidad electoral, como consecuencia de lo cual, el Consejo de Estado determinó que su período era el comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y el 13 de diciembre de 2005, con fundamento en el artículo 7º, transitorio del Acto Legislativo No. 02 de 2002, el cual dispone que los alcaldes que inicien sus periodos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, ejercerán las funciones por ?un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007?..

El Concejo de Estado encontró que el periodo del alcalde electo ha debido iniciarse el 27 de noviembre de 2003, es decir, un mes y tres días antes de su posesión, ya que su antecesor, elegido Alcalde en las elecciones generales del día 29 de octubre de 2000, para un periodo típico del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, se había posesionado con antelación a la iniciación de su periodo, el día 27 de noviembre de 2000. Dicha posesión anticipada se produjo por la renuncia que le fue aceptada al anterior Alcalde, el día 14 de noviembre de 2000 (un mes y medio antes del vencimiento de su periodo típico el 31 de diciembre de 2000), renuncia que fue posterior a las elecciones territoriales generales del día 29 de octubre de 2000. Considera así el accionante que el Consejo de Estado incurrió en una vía de hecho por indebida aplicación de una norma constitucional, es decir, del inciso 1 del artículo 7 del Acto Legislativo No. 02 de 2002, al considerar que su caso no se subsume dentro de los parámetros de la citada disposición.

La Corte observó que para las elecciones del 26 de octubre de 2003, ya se encontraba vigente el Acto Legislativo No. 02 de 2002 (7 de agosto), cuya finalidad principal fue institucionalizar los periodos de los alcaldes en el país, disposición constitucional que vino a ser reafirmada por el Acto Legislativo No. 01 de 2003. Entonces, con la entrada en vigencia de los citados actos legislativos, desaparecieron los periodos personales y se convirtieron en institucionales, por lo que a partir de dicha fecha se constituye en la regla de aplicación para todos los operadores judiciales.

Como para la Sección Quinta del Consejo de Estado, el antecesor del accionante se posesionó el 27 de noviembre de 2000, el período del actor se iniciaba tres años después, el 27 de noviembre de 2003, lo cual llevó a dicha Sección a sostener que el caso del actor encajaba en el inciso 1 del artículo 7 del Acto Legislativo No. 02 de 2002, el cual dispone que los alcaldes que inicien sus periodos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, ejercerán las funciones por ?un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007?. Lo anterior, trajo como consecuencia que el Consejo de Estado concluyera que el periodo del actor era el comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y el 13 de diciembre de 2005.

Sin embargo, el actor fue elegido para el período que se iniciaría el 1º de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2007, tomando efectivamente posesión del cargo en la primera fecha indicada. La Corte advirtió que la posesión del alcalde anterior, ocurrida el 27 de noviembre de 2000 por disposición del Gobernador, se debió a la renuncia que había presentado el 14 de noviembre de 2000, el alcalde en funciones en ese entonces. Esta circunstancia sobreviniente ?no previsible por el elegido ni por las autoridades electorales en el momento de las elecciones de 29 de octubre de 2000-, no podían acarrear ipso jure la descalificación de las elecciones ya realizadas dentro del calendario normal, ni convertir un período típico en atípico. Ello no se deriva de los lineamientos de las sentencias de constitucionalidad sobre periodos individuales de los alcaldes, mucho menos cuando las citadas sentencias indicaron que excepcionalmente pudiera nombrarse en provisionalidad a un alcalde encargado, mientras se realizaba la nueva elección.

La Corte concluyó que la Sección Quinta del Consejo de Estado se apartó de la ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad C-011 de 1994, C-586 de 1995 y C-448 de 1997, que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes, pues si ya se habían expedido nuevos mandatos constitucionales con vigencia a partir del 7 de agosto de 2002 (Acto Legislativo No. 02 de 2002) que institucionalizaron el periodo de los alcaldes, no se podía pretender aplicar tales mandatos de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, que se orientaba en una línea contraria a lo establecido por ellos mismos.

Por lo anterior, La Corte decidió confirmar el fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual dispuso conceder el amparo solicitado, dejando sin efectos la sentencia del 16 de marzo de 2006, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por consiguiente, el periodo del actor debe entenderse que va del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-118-07

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