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Última modificación: 2008-07-31
La inhabilidad intemporal consistente en la imposición de una sanción disciplinaria permite la exclusión del concurso de notarios

Los demandantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales de acceso al desempeño de funciones públicas, al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, presuntamente amenazados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. Dicha amenaza radica en que al momento de inscribirse en el concurso de méritos para proveer en propiedad los cargos de notarios, deben manifestar bajo la gravedad de juramento no haber sido sancionados disciplinariamente ni estar incursos en incompatibilidad. La aplicación de este requisito a sus casos, constituiría falso juramento o la posibilidad de ser rechazada su inscripción, toda vez que fueron sancionados disciplinariamente durante el desempeño del cargo de notario, mediante actos administrativos que se encuentran demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En criterio de la Corte Constitucional, la inhabilidad consagrada en el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, la cual dispone que: ?Quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como Notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-ley 960 de 1970, no podrá concursar para el cargo de notario?, no constituye una pena sino una garantía de que el comportamiento del aspirante durante el desempeño del cargo de notario, se ajustó al ordenamiento jurídico. Así, se estableció una inhabilidad intemporal, la cual tiene legitimidad constitucional, pues el legislador puede, en ejercicio de su capacidad de configuración normativa, establecerlas guardando una relación de equilibrio entre los fines estatales, los principios de la administración pública y el ámbito funcional del notariado; y al tiempo, los derechos de quienes aspiran a ocupar los cargos disponibles.
De acuerdo con la Corte, esta inhabilidad puede provenir de un acto administrativo y no requiere sentencia judicial, como sostienen los demandantes.
La Corte observó que la acción de tutela esta dirigida a inaplicar la norma que regula el proceso de inscripción para participar en el concurso de notarios, específicamente el inciso 3 del artículo 4 del Decreto 3454 de 2006, de acuerdo con el cual, el aspirante ?tendrá en cuenta que al diligenciar y enviar el formulario estará afirmando bajo la gravedad de juramento, no tener ningún impedimento para ser designado notario, y que no ha sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado??. Sin embargo, para aplicar la figura de la excepción de inconstitucionalidad es necesario que la incompatibilidad de la norma con la Constitución Política sea evidente. Es decir, es necesario que de una primera revisión surja para el intérprete la irrefutable conclusión de que la norma revisada se encuentra en contravía de los principios y valores constitucionales, lo cual no acontecía en el caso presente. Por el contrario, el requisito anotado da cumplimiento al principio constitucional de la primacía del interés público sobre el privado o particular, y lo hace sin menoscabar derechos fundamentales. Se trata entonces de una norma de doble efecto: (i) asegura la adecuada prestación de un servicio público y, (ii) la prevalencia del interés general. En consecuencia, la Corte negó el amparo deprecado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-634-07

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